El fiscal de Instrucción Julio Rivero concluyó la toma de testimoniales y evalúa los elementos probatorios para determinar la situación procesal del presidente del bloque de Río Cuarto para Todos y de su secretaria, Verónica Abasolo. Este jueves se conocería la resolución del funcionario judicial que podría determinar la elevación a juicio del caso. La eventual decisión agudizaría la crisis política del oficialismo en el parlamento local. Por ahora, Segre descarta dejar su banca y podría realizar una apelación ante el juez de Control.
Gustavo Segre vive sus horas políticas más difíciles y en el Concejo Deliberante se espera con expectativa la resolución que el próximo jueves dará a conocer el fiscal de Instrucción Julio Rivero sobre la causa en la que se investiga la presunta adulteración de una factura en la compra de criollitos.
Por el mismo hecho, está imputada Verónica Abasolo quien se alejó del parlamento local y se mantiene alejada de los ámbitos públicos a la espera de la decisión judicial.
Una eventual elevación a juicio del caso agudizaría la crisis política desatada en el Concejo y en el interior del radicalismo, dividido entre quienes piden el alejamiento de Segre de su banca y quienes buscan poner paños fríos a un conflicto que tiene en vilo al Ejecutivo.
Rivero entiende que está agotado el proceso de incorporación de pruebas y de aportes testimoniales y analiza el expediente en el que Segre y Abasolo aparecen como únicos acusados.
Segre apelaría una posible elevación a juicio ante el juez de Control Daniel Muñoz y, al menos hasta el momento, resiste el escándalo desde su rol de conejal y presidente del bloque de Río Cuarto para Todos.