ANTICIPO – Una versión que llegó a la Cámara Segunda del Crimen indica que podría haber viajado a España. También dieron intervención a Interpol. El cirujano plástico acusado de homicidio culposo por la muerte de una mujer durante una operación estética espera que su causa prescriba. El hecho ocurriría el 8 de marzo si antes no es detenido. Las constantes apelaciones y las demoras judiciales dilataron la realización de un juicio oral y la impunidad podría ser el peor final. La posibilidad genera conmoción en los Tribunales de Río Cuarto.
La Justicia pidió informes a la Aduana para saber si el cirujano plástico Jorge Godoy Martorelli, quien permanece prófugo de la Justicia, salió del país en los últimos meses.
Una versión que llegó a la Cámara Segunda del Crimen indica que podría haber viajado a España y que allí estaría recluido para evitar ser reconocido por la policía.
El juez Carlos González Castellanos también dio intervención a Interpol.
El cirujano plástico acusado de homicidio culposo por la muerte de una mujer durante una operación estética espera que su causa prescriba. El hecho ocurriría el 8 de marzo si antes no es detenido.
Las constantes apelaciones y las demoras judiciales dilataron la realización de un juicio oral y la impunidad podría ser el peor final. La posibilidad genera conmoción en los Tribunales de Río Cuarto.
El hecho
El 20 de noviembre del 2004, Martorelli inició una cirugía estética en su clínica de calle Moreno 303. La paciente de 58 años fue anestesiada y nunca recuperó la conciencia. Falleció luego de varios paros cardíacos en el centro médico que no contaba con las condiciones adecuadas para actuar ante una emergencia.
El profesional fue imputado de homicidio culposo por el entonces fiscal de Instrucción José Luis Cerioni, aunque mantuvo la libertad debido a que el delito es excarcelable. La familia de Ofelia Lago inició una demanda civil y Cerioni elevó la causa a juicio.
Para evitar el proceso, la defensa del cirujano planteó un pedido de probation. La suspensión del juicio a prueba exige «una indemnización razonable para la víctima» y que se decida la inhabilitación para ejercer la profesión. Martorelli, que había dejado de operar en Río Cuarto, ofreció la insignificante suma de 2 mil pesos y se negó aceptar la segunda condición por lo que siguió practicando cirugías en una clínica de San Luis.
Ante el rechazo del juez de Control y la Cámara del Crimen el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia. Godoy Martorelli había fijado domicilio en Río Cuarto como garantía de su libertad y debía cumplir una serie de requisitos que se disponen para los procesados a la espera el juicio. A los 63 años, una posible inhabilitación por 10 años hubiera significado el final en la ejecución de su profesión.
El máximo organismo judicial de Córdoba demoró una resolución del caso y ya nadie controló al imputado. El homicidio que tiene un tiempo de prescripción de 5 años -el máximo de la pena posible- se conducía sigilosamente hacia un final previsible.
El 25 de julio de 2008 el Tribunal presidido por la doctora Aída Tarditti, con asistencia de las vocales María Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc de Arabel decidieron «rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba formulado por Jorge Martín Godoy Martorelli, debiendo proseguir la causa según su estado». Las actuaciones demoraron más de un año en volver a Río Cuarto.
El abogado Horacio Cordeiro Pinto realizó una nueva presentación ante la Corte Suprema en otra instancia de dilación del proceso judicial. La Corte ratificó lo que todas las instancias previas habían dictaminado y en un último intento por acercar la causa a la prescripción, el letrado planteó un recurso de queja que el máximo organismo nacional aún no resolvió.