El Gobierno insiste que la oposición sólo pone palos en la rueda. En realidad las cosas son más complejas. La política fiscal está reservada al Congreso o sea a la población a través de sus representantes. Es la inteligencia interactiva de muchos discutiendo la realidad de las distintas dimensiones de la sociedad la que decide que hacer con los impuestos y el gasto público. Son decisiones de una complejidad que exceden a cualquier individuo. Por eso, es sabia la Constitución.
Por eso se defiende la independencia y autonomía del Banco Central. Porque se busca evitar la confiscación de la política fiscal al Congreso para ser reemplazada por la discreción de una sola persona en el ejecutivo. Esto es así porque al perder el Banco Central la autonomía, la emisión monetaria instala el impuesto inflacionario y con este impuesto (no establecido en el Congreso sino con la orden de emisión del ejecutivo) entonces aparecen dos cosas, por un lado el empobrecimiento de los sectores más vulnerables a este impuesto a las tenencias en efectivo y en segundo lugar una política de gasto público discrecional que escapa a lo establecido por el congreso. En dos palabras lo que hay atrás de la “incorporación productivista del Banco Central a la economía” es la concentración del poder en el ejecutivo, sacarle una atribución propia al Congreso y en definitiva reducir la práctica sabia de la gestión del conocimiento propio de la inteligencia interactiva por el pensamiento de una sola persona. Paradojalmente, todo esto en el medio de una arenga permanente contra el pensamiento único!!!
En segundo lugar, se equivoca también la Presidenta cuando dice que la economia no es legal sino apenas una ciencia social. Decir esto último es una obviedad. Pero decir que no es legal es mostrar un equívoco de dimensiones mayúsculas. Lo que pasa es que cuando no hay límites a los impuestos o sea a la inflación, entonces se produce una indefinición del derecho de propiedad. Si bien es cierto que en economía siempre se discute sobre el método y se contrapone muchas veces a las ecuaciones la acción humana (basta pensar en el tratado con ese nombre “acción humana” de la escuela austríaca en la pluma de Von Mises) no es menos cierto que la propia economía considera en la segunda mitad del siglo XX la importancia de las reglas y las instituciones. La Presidenta Cristina Kirchner y sus asesores curiosamente parecen haberse quedado con apenas la primera mitad del manual de la historia de las doctrinas económicas.
Lo grave de todo esto es que con la confiscación de la política fiscal al Congreso y su concentración en el ejecutivo unipersonal, por un lado y con la inflación por el otro, se produce el ataque al derecho de propiedad, se lo descaracteriza, se lo indetermina y esto es lo que marca la diferencia en los rumbos entre países como Brasil y Chile por un lado y Argentina y Venezuela por el otro. De lo que se trata en definitiva es de entender que en Argentina el problema de la falta de inversión no es por exceso de consumo sino por la incertidumbre institucional y la desconfianza.
Lo que todo esto muestra es la permanente confusión en que vivimos en Argentina. Nadie discute que los problemas de gestión del ambiente, de gestión del agua, del aire, de la captura y secuestro del dióxido de carbono, de la desigualdad entre ricos y pobres, de la mortalidad infantil, materna, la transición demográfico y los muchos problemas que hay que resolver se puedan resolver sin una acción del Estado. Nadie quiere un Estado mínimo porque sabemos que la naturaleza de problemas como los mencionados no los resuelve el mercado. Eso es una cosa, pero otra muy distinta es seguir haciendo creer que el proceso político de la economía en Argentina se basa en los modelos de la conducta altruista, del interés público, del bien común, cuando desde la propia cama matrimonial se usa la información privilegiada para hacer negocios particulares como ocurrió con la compra de terrenos fiscales en el Calafate o los millones de dólares legalmente adquiridos por el matrimonio presidencial.
Aquí hay que recordar a Brennan y Buchanan en el libro “La razón de las normas” Saber que los impuestos, la inflación o la deuda pública se van a mover dentro de límites constitucionales conocidos sería una clara conquista de la humanidad, reduciría la incertidumbre en que se desarrolla la vida económica, y en consecuencia favorecería el crecimiento económico. Pero naturalmente, esto no se puede conseguir si demasiadas personas siguen pensando que han de tener las manos libres para conducir la economía guiadas por no sé que clase de superior conocimiento que no existe… Esto es justamente lo que nos pasa en Argentina donde todo lo que dice la oposición son palos en la rueda. Por supuesto desde la perspectiva iluminada de una presidencia que se niega a trabajar institucionalmente con los demás. El problema en resumen, es la visión anticonstitucionalista, antireglada y discrecional del proceso político que existe en la conducción presidencial en Argentina…
Dr Roberto Tafani