Por Guillermo Geremía – Las penas de la fatalidad eran inevitables, cualquier drama colectivo las genera. Pero a ellas se sumaron otras penas. Aquellas que surgieron cuando salieron a la superficie las miserias humanas, los celos profesionales y la elusión de responsabilidades que fragmentaron el colectivo universitario en un mar de hielo que se rompió en mil pedazos. Hay otras realidades que dan pena…
El tiempo no curó las heridas. Definitivamente el irremediable paso de los días no sirvió para resolver el trauma que dejó en la universidad la explosión que se llevó la vida de seis de sus miembros.
Con las llamas sin apagar, las primeras declaraciones de los responsables de la Facultad de Ingeniería, -de esa unidad académica dependía el lugar donde se desató el fuego de la tragedia-, fueron sembrando de incertidumbre el camino de una verdad que se hizo laberinto.
A dos años vista, la salida de ese entramado está encadenada a una disputa judicial que ensombrece cualquier atisbo de solución por más penumbrosa que sea.
Las penas de la fatalidad eran inevitables, cualquier drama colectivo las genera. Pero a ellas se sumaron otras penas. Aquellas que surgieron cuando salieron a la superficie las miserias humanas, los celos profesionales y la elusión de responsabilidades que fragmentaron el colectivo universitario en un mar de hielo que se rompió en mil pedazos.
Hay otras realidades que dan pena. Las penas que provoca la ambición sin límites, que pese a lo ocurrido no han logrado ponerle controles a la financiación externa de trabajos de investigación por parte de empresas privadas.Estas piensan más en sus propios intereses que en las condiciones en las cuales se trabaja para ellas dentro del Campus.
Las penas que brotan por las relaciones deterioradas o definitivamente rotas entre aquellos que antes eran partes de un mismo proyecto institucional. ¿Eran realmente miembros de la confraternidad del conocimiento a la que decían pertenecer?, ¿no debió la desgracia afianzar los gajos de esa fruta que hoy parece echada a perder?.
A 700 días de las fatales explosiones, un juez federal imputa y reprocha enérgicamente las condiciones de seguridad del lugar de investigación y estudios, la mayorïa de los familiares de las víctimas demandan a la universidad, es decir al Estado, es decir a todos nosotros, por una mayor indemnización que compense la pérdida irreparable generada. Por su parte el rectorado y el Consejo Superior trasladan responsabilidades a los familiares e hijos de las víctimas. Un ex rector propone dar vuelta la página de lo ocurrido. El recuerdo de las víctimas se hace en espacios y tiempos distintos. Unos piden que la condición humana prevalezca por sobre la fría legalidad, otros argumentan sus deberes de funcionarios públicos para no poder buscar otra salida al laberinto. Unos y otros están atrapados en la misma maraña.
En estos dos años también los olvidos estuvieron a la orden del día. Las sugestivas omisiones de algunas autoridades sobre el tenor de las investigaciones que se realizaban. Los descuidos de los responsables de la seguridad del predio que no exigieron las condiciones mínimas para desarrollar una investigación que hoy se sabe era muy peligrosa. La manifiesta indiferencia de aquellos que sólo están pensando en que no se les caiga “su trabajo” si es que se pone en revisión todo el procedimiento de financiamiento de la tarea extra curricular de los docentes. Es cierto que no ha habido un olvido colectivo de lo sucedido. Fueron las faltas de memoria individuales las que rompieron el espejo donde la universidad toda debía mirarse.
Demasiadas penas y olvidos para dos años de dolor y vacilaciones. El tiempo pasó veloz pero no tuvo el efecto balsámico esperado. Es que muchos no dimensionaron el tamaño de la desdicha con la que tenían que lidiar.