La resolución de la Cámara Primera del Crimen a la apelación de Hairabedian pasaría para el 2010. Las partes recurrirían luego al Tribunal Superior, la Corte Suprema y hasta la Corte Interamericana. «El proceso no demorará menos de 5 ó 6 años», admitió Julián Oberti, asesor de Víctor Flores. Mientras se desarrolla la batalla contra la prescripción la instrucción quedará en un virtual estancamiento. El año que viene se producirán las demandas civiles contra los imputados, la Policía y la Provincia pero un dictamen también dependerá de una resolución penal. Las deficiencias de la investigación, el paso del tiempo y el esquema de encubrimiento siguen garantizando la impunidad.
La muerte de Alejandro Flores seguirá impune al menos en los próximos 5 años. El niño habría fallecido tras la colisión de un móvil del Comando Radioeléctrico de la Policía la tarde del 16 de marzo de 1991, en la intersección de Pedro Zanni y Carlos Rodríguez. El 2 de julio del 2008 los restos fueron hallados a la salida de una alcantarilla en un predio próximo a la quinta de AATRAC. Se revelaba parte de un hecho que conmovió a la ciudad y desnuda las facetas más reprochables en el funcionamiento de la Policía y la Justicia riocuartense.
La investigación parece cerrada en lo que pudo obtenerse en 18 años de vaivenes procesales -intencionados y producto de la impericia judicial- y ahora espera por el resultado de los recursos de apelaciones que transitarán por todos los estamentos posibles en el intento de evitar la prescripción.
El fiscal de Instrucción Javier Di Santo decidió imputar al comisario retirado Mario Gaumet y al ex efectivo del Grupo Eter Gustavo Funes, pero lo hizo por homicidio culposo y encubrimiento, dos delitos que ya prescribieron.
La querella apeló un fallo que hubiese definido el punto final en la búsqueda de la verdad y fue el juez de Control Daniel Muñoz el primero en hacer referencia a la figura de lesa humanidad. La postura fue avalada por el juez de Menores José Varela Geuna y el abogado penalista Carlos Hairabedian, abogado de Gaumet, presentó una apelación ante la Cámara Primera del Crimen que podría tener un dictamen en el 2010.
Cualquiera sea la decisión del juez Jorge Piovano, las partes recurrirían al Tribunal Superior, la Corte Suprema y hasta la Corte Interamericana.
«El proceso no demorará menos de 5 ó 6 años», admitió Julián Oberti, asesor de Víctor Flores, padre de Alejandro.
Mientras se desarrolla la batalla contra la prescripción la instrucción quedará en un virtual estancamiento.
El año que viene se producirán las demandas civiles contra los imputados, la Policía y la Provincia pero un dictamen también dependerá de una resolución penal.
Las deficiencias de la investigación, el paso del tiempo y el esquema de encubrimiento siguen garantizando la impunidad.