El sistema de salud Argentino, ha tenido historicamente una característica: el gasto en medicamentos como participación del gasto total en salud ha sido desmesuradamente alto. Mientras en los Estados Unidos orillaba el 17 % del gasto total, en Argentina esas cifras eran superiores al 35 % llegando en ocasiones a superar ampliamente ese porcentaje. En algunas obras sociales, ese incremento iba de la mano del aumento de los oncológicos.
Cuando los datos eran desagregados, lo que se visualizaba era que había un pequeño número de fármacos recetados por un grupo también reducido de médicos cuya efectividad en relación a otros medicamentos no mostraba diferencias significativas pese a que su precio era muy superior al de los tratamientos que buscaban reemplazar. Claramente se planteaba una situación de fuerte inequidad dado que el pago de precios superiores por medicamentos sin efectividad probada privaba a otros pacientes de recursos que necesitaban. Ahora, el cuadro que ha sido denunciado en Argentina rebasa en mucho esta situación de supuestos incentivos otorgados por los laboratorios a los médicos para promover el uso de determinados fármacos para alcanzar ribetes propios del crimen organizado que parece haberse instalado en el corazón del sistema de salud.
El problema del sistema de salud sin embargo no termina allí. En realidad eso refleja la falta de políticas adecuadas, la ausencia de planificación y la carencia de programas que sean correctamente evaluados más allá de la simple declamación de objetivos y metas a alcanzar. Basta dar algunos ejemplos de esta situación. En la Provincia de la Pampa, hay equipos sin utilizar por la carencia de recursos humanos. Así en un banco de sangre donde existe un equipo de lavar plaquetas el mismo no se utiliza porque no hay quien lo sepa utilizar adecuadamente. Cuando se enfoca el problema de hemodialisis la perplejidad no puede ser mayor al existir seis sillones de hemodialisis que no funcionan porque hay un solo nefrólogo pero el Estado debe pagar enormes cantidades de dinero anualmente para hemodializar a los pacientes del sector público. Si se mira en otros lugares como General Pico y General Acha se encuentran dos tomógrafos parados. Todo indica una situación donde el sector público no consigue hacer lo que debe y donde parece haber alguna suerte de “mano invisible” que genera la desaparición del Estado para dejar toda la actividad al sector privado. Ni que hablar de la presión que han ejercido historicamente las sociedades que agrupan a los anestecistas que han logrado en esa provincia que se cierre la residencia respectiva. De esa forma los interesados colocan barreras a la entrada a nuevos profesionales y los pocos fuertemente organizados siguen operando en el mercado como un monopolio que impone precios y condiciones de actuación que no tienen otras especialidades.
Hay otros casos donde el Estado ha delegado el poder regulatorio a sociedades intermedias de profesionales. Luego para evitar que venga competencia esas entidades lo que hacen es no matricular nuevos profesionales para no habilitarlos en el ejercicio de la práctica que podría llegar a crear competencia para los ya instalados. En la jerga “la torta es demasiado chica” y no conviene participar a nadie más.
Aún cuando todo indica que el sector público opera implícitamente para favorecer al sector privado aunque nadie lo reconozca con todas las letras, los problemas no terminan ahí. La dificultad para hacer trabajar adecuadamente a la planta de funcionarios no es menor. En General Acha hubo cinco sumarios porque los médicos firmaban y no estaban en sus puestos. En otros lugares del país no hay una utilización generalizada de protocolos. Hay situaciones donde cada servicio parece seguir sus propias reglas. Faltan guías de prácticas clínicas, quirúrgicas y de terapia. No hay siquiera organización por niveles de referencia en la articulación de las distintas instituciones y ni que hablar de la carencia en la descripción de perfiles dentro de los establecimientos.
Cuando el argumento se disloca a la falta de plata hay datos que revelan lo contrario. En Bahía Blanca por ejemplo en un proyecto para atender gente indigente se decidió pagar unos 2000 pesos más a los profesionales trabajando para el sector público. Sus obligaciones a cambio del aumento de la retribución eran abrir un consultorio especial para esos pacientes y darles los medicamentos gratis. Al tiempo de haber instalado el programa se corroboró que sólo un médico había habierto el consultorio respectivo, que el 80 % no estaba cumpliendo sus funciones en el horario establecido y que los medicamentos gratis correspondian al del programa remediar ya en marcha. En dos palabras la oferta pública de servicios adopta el mayor ingreso como un simple aumento de salarios sin ofrecer contraprestaciones adecuadas.
Los ejemplos pueden continuar. En todo caso, la aparición de la mafia de los medicamentos debería llevara a desmistificar tanto manoseo al sector salud. Se lo vive sindicando como la principal función del Estado junto a la Educación pero cuando se pone la lupa sobre él todo parece estar mal, desgraciadamente muy mal. Lo triste es que dentro de la salud pública existe mucha gente abnegada, sacrificada y con buenas intenciones. Sin embargo las lógicas mencionadas en los párrafos anteriores barren con sus esfuerzos y se convierten en una maquina de exterminio de esas ilusiones.
Dr Roberto Tafani