El proyecto oficial se debatirá en Diputados y se espera una áspera sesión.
El Kirchnerismo consiguió mayoría de firmas entre los integrantes de las tres comisiones que formaron el plenario que estudió el tema (Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión), en tanto que la oposición se dividió entre tres y cuatro dictámenes de minoría.
El dictamen de mayoría reunió 57 firmas: 13 de la comisión de Libertad de Expresión, sobre los 23 diputados que la integran; 25 de la comisión de Presupuesto, sobre un total de 49; y 19 de la comisión de Comunicaciones, sobre un total de 31.
Los opositores terminarán de definir en las próximas horas en cuantos dictámenes se agruparán, debido a que los legisladores del radicalismo se retiraron del plenario de comisiones al sostener que la reunión no tenía quórum para trabajar.
La mayoría de los cambios realizados al proyecto original fueron consensuados con los bloques de Encuentro Popular y Social, Solidaridad e Igualdad, el Partido de la Concertación y el socialismo.
La principal modificación a la norma impulsada por el oficialismo y anunciada el lunes pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es la eliminación de la participación de las empresas de telefonía nacional en la explotación de señales televisivas, con la salvedad de las cooperativas telefónicas del interior del país.
Sobre el tema, la empresa Telefónica sentó ayer su posición en un comunicado en el que señaló que «la decisión de excluir a las empresas de telecomunicaciones de brindar servicios convergentes va a contramano de lo que sucede en países como Estados Unidos, Alemania, Brasil, Chile, entre otros» y agregó que «sin duda se abre una brecha entre la Argentina y su futuro».
Otro de los cambios al proyecto original está vinculado con la conformación de la Autoridad de Aplicación que pasará de 5 (como establecía la primera redacción) a 7 miembros: 2 por el Poder Ejecutivo, 3 propuestos por la comisión bicameral de seguimiento de la comunicación audiovisual (uno por la primera minoría, otro por la segunda y el último por la tercera minoría) y 2 por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Asimismo, la Autoridad de Aplicación, cuyos miembros tendrán una duración en el cargo de 4 años -que deberán ser renovados dos años antes de la finalización del mandato presidencial- será un organismo autárquico y descentralizado, en el ámbito del Poder Ejecutivo y no en el de la Secretaría de Medios de la jefatura de Gabinete de Ministros.
La remoción de los miembros de la autoridad de Aplicación, asimismo, deberá ser aprobada por los dos tercios del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Por otro lado, se acordó que, en lugar del 20 por ciento la producción local independiente sea del 30 por ciento, cuando se trate de estaciones localizadas en ciudades con más de un millón quinientos mil habitantes.
En tanto, cuando se encuentren en poblaciones de más de 600 mil habitantes deberán emitir un mínimo del 15 por ciento de producción local independientes y un mínimo de 10 por ciento en otras localizaciones.