Como educadora no deja de preocuparme los datos sobre investigaciones acerca de las problemáticas del conflicto docente, y todas las cuestiones que subyacen por debajo de ese título. Los cuales coincido estan lejos de estar sosegados. Yo me pregunto ¿Qué trasfondo subjetivo se encuentra en cada reclamo? Según los últimos informes de organismos que se dedican a estudiar estas, sólo coinciden en dos de las causas: la precaria situación de los docentes y su frustración ante la falta de apoyo de la sociedad y de los políticos.
Para mí, y coincidiendo con los informes vertidos por organizaciones de investigación, es tan importante la delegación de responsabilidades en las provincias; el aumento de las expectativas salariales a medida que crece la economía; los numerosos impedimentos para buena negociación colectiva; las posturas y displicentes de nuestros gobernantes y las confrontaciones sobre la implementación real de las leyes. Todos los decentes practican la lealtad a los sindicatos ya que a través de ellos se sienten escuchados, contenidos y protegidos del “desmonte” entre otras cosas de las escuelas “sarmientinas”, pilar de nuestra educación. Un aporte digno de destacar es el del antropólogo argentino Gindín, especialista en conflictos sociales que atribuye la disconformidad en un 15 % motivos políticos y sistémicos. Estas condiciones detonaron, según Gindín, desde el 2004, el 81% de las pugnas entre los docentes, sobre todo del ciclo primario y medio, y las instituciones, son provinciales. Tedesco, expresaba cuando era Secretario de Educación de la Nación, que los docentes tendrían que ganar «Por lo menos 3000 o 4000 pesos». Resulta llamativo que pida incluso más de lo pide el gremio docente. Lo lamentable para mí, es que la responsabilidad directa de los sueldos recae en las provincias, y estas desde siempre juegan políticamente con la misma. Pero resulta que para los funcionarios no tiene prácticamente escuelas bajo su poder, es como si fuese “un ministerio sin escuelas”.
Todos los involucrados ponen el acento en la delegación de responsabilidades financieras y administrativas a las provincias, heredada de los años 90, como caldo de cultivo para la polémica. Se utilizó la descentralización del sector para aliviar la carga fiscal de la Nación. Pero se produjo un efecto boomerang que llegó hasta hoy: permanecieron las confederaciones, como CTRA, y se multiplicaron por la enésima potencia otras agrupaciones fieles a esferas político-ideológicas. Las listas de negociadores -intersindicales, provinciales, nacionales y hasta municipales- crecieron tanto como los desacuerdos. Si hacemos un poco de historia antes del estallido de la crisis de 2001, muchas provincias ya incumplían los pagos o daban bonos que minimizaban el poder adquisitivo de los docentes, el 55% de ellos sindicalizados y acostumbrados a ir a la huelga contra las políticas educativas y, sobre todo, por los salarios. Ya lo habían demostrado con la Carpa Blanca, en tiempos de Susana Decibe. A principios de 2002, los ingresos de los docentes siguieron cayendo, debido al recorte del 13%, el pago en bonos, la eliminación del plus por zona desfavorable y el congelamiento de la antigüedad. Como al resto de los trabajadores, la devaluación licuó el poder adquisitivo de sus salarios en un 30 por ciento. Si después de la crisis del 2001 todos los rubros se deterioraron, que pasa con los docentes, Veamos: según una consultora, un docente en el 2005 ganaba un 70% más que los profesionales no-maestros, y 20% más por hora que los técnico-administrativos. Pero a lo largo de su ejercicio, la remuneración de los profesores aumenta menos que en otras actividades, y suelen carecer de ingresos en el sector privado, a diferencia de otros empleados públicos, como los médicos. Hay formas de negociar alternativas, como las paritarias y las mesas de concertación, que han expuesto ser más efectivas. En la Argentina son viables y existe gran propensión para llevarlas adelante. Pero a veces usan procedimientos que concluyen afectando a la población. La huelga prolongada no es la vía más adecuada.
En resumen, no se trata sólo de más dinero, o más diálogo o de que Gobierno y sindicatos comulguen en su antiliberalismo. Los teóricos insisten en la necesidad de desarrollar la confianza mutua, mediante el acatamiento de los acuerdos y de las leyes.
A veces pareciera que los temas desbordan lo meramente justo y equitativo, como en este caso, donde el gobierno provincial esgrime una argumentación con poco fundamento, cuando por otro lado se priorizan otros tipos de inversiones no tan importantes, para nuestro futuro, como la educación. Es una cuestión de elección. El gobierno elige. La educación continúa postergada.
LIC. ELENA FARAH