Además, por qué decidió dictar la falta de mérito de Diego Moitre. En una extensa argumentación, el juez federal Carlos Ochoa describió las falencias en los controles y por qué considera que la peor tragedia en la historia del campus podría haberse evitado. El rol de quienes debían controlar la seguridad en el interior de la Universidad y la participación de los especialistas enviados por Desmet para el trabajo en la Planta Piloto.
Clave:
* Moitre dijo que «durante gran parte» del trabajo del Grupo GIDPO se encontraba de licencia.
* Bortis «no pudo desconocer y escudarse en su descargo, como lo hizo, al decir que ignoraba las actividades que se realizaban en la Planta Piloto»
* Si la conducta de Pincini y Antonelli hubiera sido la adecuada «el evento dañoso no se habría producido»
* El depto. de Ing. Química convocó a una reunión previa a la tragedia para hablar sobre la experimentación con hexano y en el e-mail se destacó: «…por razones de seguridad sería bueno que todos estuvieran para interiorizarse de tema…».
Los fundamentos del juez federal Carlos Ochoa para procesar a 7 presuntos responsables por las explosiones en la Planta Piloto de la Universidad comienzan a revelar datos cruciales sobre lo sucedido la fatídica mañana del 5 de diciembre del 2007, en la que fallecieron 6 personas.
En una extensa argumentación se puede advertir por qué decidió dictar la falta de mérito de Diego Moitre, la descripción de las falencias en los controles y por qué considera Ochoa que la peor tragedia en la historia del campus podría haberse evitado.
El juez ratificó el procesamiento del ex vicedecano de Ingeniería Carlos Bortis, el ex secretario de Coordinación Técnica José Luis Pincini, el secretario técnico de Ingenieria Sergio Antonelli, la directora del departamento de Ingeniería Química, Miriam Ferrari y su vice Edith Ducrós.
Todos están acusados como coautores de estrago culposo agravado por muerte de personas y les trabó un embargo de 10 mil pesos.
En relación a los operarios de la firma De Smet, que había solicitado la experimentación con hexano y proporcionó el combustible, resolvió también mantener las imputaciones contra Javier Boretti y Anibal Demarco, ambos como coautores de estrago culposo agravado por muerte de personas.
El juez desestimó, además, la acción penal respecto a Miguel Mattea «atento a su fallecimiento».
Moitre
El entonces decano de la Facultad de Ingeniería, Diego Moitre, había señalado en la ampliación de su declaración indagatoria que se encontraba en el primer piso de la Facultad de Ingeniería cuando comenzó a producirse el siniestro en la Planta Piloto. Dijo que se dirigió al lugar tras ser informado por docentes de Tecnología Química y ayudó a algunas personas a retirarse del edificio que estallaba en llamas.
Según agregó, desconocía el trabajo que en la Planta realizaba el grupo Gidpo y un día después de la tragedia se reunió con el vicedecano Carlos Bortis, quien le manifestó sobre la existencia de un documento en donde se vinculaba a la empresa DE SMET con el grupo liderado por Miguel Mattea y el nexo que surgió a través de la Fundación U.N.R.C.
Moitre recordó que «durante gran parte» de la materialización del proyecto del Grupo GIDPO se encontraba de licencia y retornó a sus funciones el 1 de diciembre del 2007, 4 días antes de las explosiones.
El ex decano se había inscripto como postulante de un concurso y su licencia había sido autorizada por resolución 203/07.
Para el juez, de los testimonios no surgen elementos para probar que Moitre conocía de la investigación con hexano ni de los convenios entre la Fundación y De Smet.
«No se encuentran incorporados a las presentes actuaciones, al menos en este estadio procesal, elementos suficientes que justifiquen el procesamiento de Diego Carlos Alberto Moitre», resaltó el magistrado, quien dictó la falta de mérito.
Bortis
Sobre la situación del vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Ing. Carlos Agustín Bortis, se confirmó que estaba a cargo del área académica por la licencia de Moitre y era, al mismo tiempo, presidente de la Fundación.
Según surge de la instrucción, Bortis conocía la existencia del proyecto que desarrollaba en la Planta Piloto el Grupo GIDPO y firmó los documentos que avalaban dicha experiencia.
Para el juez, la condición de autoridad de Bortis lo obligaba a hacer cumplir todas las normativas, tutelar pos los bienes del Estado y resguardar la seguridad pública.
Resalta, además, que el vicedecano debía poner en conocimiento de la Comisión de Higiene y Seguridad la existencia de proyectos y trabajos emprendidos por docentes y alumnos que pudieran afectar su vida y salud, como asimismo, a los bienes pertenecientes a la Universidad Nacional.
El juez calificó la conducta de Bortis como «omisiva, al no velar por la correcta ejecución de las leyes en materia de Higiene y Seguridad».
«Como autoridad a cargo de la Facultad de Ingeniería y docente de la misma, no podía desconocer que el proyecto desarrollado por el Grupo GIDPO implicaba manipular hexano en cantidades que sobrexcedían las que normal y habitualmente se utilizaban en la Planta Piloto, circunstancia sumamente peligrosa, no pudiendo desconocer y escudarse en su descargo, como lo hizo, en que ignoraba las actividades que se realizaban en la Planta Piloto ya que debía inexorablemente como Decano en ejercicio, velar por el correcto cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad dentro de todos los ámbitos de la Facultad de Ingeniería, este era su deber funcional, entre otros», subrayó.
Se precisa que no solo se puso en riesgo la Planta sino los edificios colindantes, entre los que se encuentra el Jardín Maternal.
Evaluó que si el Vicedecano hubiera observado las condiciones en el lugar del siniestro debió determinar que el trabajo no debía ni podía realizarse allí o al menos, haber tomado otras medidas de seguridad.
«Esta conducta negligente colocó al personal docente, no docente, alumnos y terceros en una situación de extrema peligrosidad, incurriendo en la aceptación de un riesgo no permitido», indicó el juez, quien sostuvo que las medidas de seguridad hubieran evitado la tragedia.
Pincini y Antonelli
Los ingenieros José Luis Pincini (Secretario de Coordinación Técnica y Servicio y miembro de la Comisión de Higiene y Seguridad de la U.N.R.C) y Sergio Fabián Antonelli (Secretario Técnico de la Facultad de Ingeniería e integrante de la Comisión de Higiene y Seguridad) se generan obligaciones a partir del cargo que asumieron en la Universidad y especialmente en la Planta Piloto.
Para Ochoa, pudieron haberse interiorizado puntualmente del proyecto del GIDPO aunque hubo falta de supervisión del sector, según señalaron testigos ante la Justicia.
La Justifica Federal consideró que si la conducta de Pincini y Antonelli hubiera sido la adecuada «el evento dañoso no se habría producido o en caso de que sucediera, sus efectos no hubieran sido tan devastadores».
Es decir, los acusados habrían tenido la posibilidad de evitar el hecho y no lo hicieron. No solo no debían desconocer lo que sucedía en la Planta sino que debieron controlarlo.
Si hubiesen recorrido el lugar habrían advertido la forma en que se almacenaba y manipulaba el hexano, «lo que les hubiera posibilitado comunicar su existencia a las máximas autoridades de la Facultad de Ingeniería y al propio Rector de la U.N.R.C.».
Sabían de las normas de aplicación obligatoria en materia de seguridad pero esas regulaciones fueron vulneradas.
«Se generó una situación de inseguridad extremadamente palpable y que aún en la actualidad, no se ha disipado», manifestó Ochoa.
Ferrari y Ducrós
El grupo Gidpo, según surge de la resolución de Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería N° 014/93, dependía del Departamento de Tecnología Química que era encabezado por Miriam Ferrari y Edith Ducrós. En la instrucción se desprende que cualquier proyecto que comprendía al equipo de investigación debía ser visado y monitoreado por la autoridades del Departamento.
Con este análisis lógico, se señala que Ferrari y Ducrós «tenían la obligación de supervisar las actividades del Grupo GIDPO».
El 15 de noviembre del 2007 se realizó una reunión de la que participaron integrantes del grupo, docentes e investigadores que trabajaban en la Planta y que fue convocada por el Departamento de Tecnología Química. Tras el encuentro no hubo ninguna notificación formal a autoridades superiores sobre los riesgos del trabajo con hexano en el laboratorio.
Incluso, docentes relataron sobre la existencia de un e-mail para convocar a la reunión en la que se precisa que, «…por razones de seguridad sería bueno que todos estuviera para interiorizarse de tema…».
Boretti y Demarco
El Ingeniero Mecánico Aeronáutico Javier Boretti y el Ingeniero Electromecánico Aníbal Demarco son especialistas que dependían de la firma De Smet.
Fueron calificados como personas idóneas para conocer y apreciar los alcances de su colaboración en la modificación de la Planta Piloto y permitir el desarrollo de la experiencia de la extracción de aceite por solvente (HEXANO).
Tanto Boretti como Demarco expresaron que la seguridad de la Planta Piloto era una cuestión «de competencia absoluta y no delegada» por el Grupo GIDPO.
Sin embargo, el convenio marco y el protocolo de trabajo destaca que «…en representación de la empresa actuará Javier Boretti quienes realizará las tareas de coordinación y supervisión de las acciones que se desarrollen dentro del presente acuerdo marco…».
Para el juez Ochoa esto incluye la seguridad. Precisó que la empresa se comprometió a aportar $ 10.000 y elementos para mejorar las instalaciones.
El convenio imposibilitaba a Boretti y Demarco desconocer el cumplimiento de las normas de seguridad previstas en la Ley Nº 19.587 y de su Decreto Reglamentario. Eran expertos que conocían sobre la instalación de plantas de extracción de aceite por solvente y de los márgenes mínimos de seguridad para manipular el hexano.
«Incluso teniendo en cuenta que la dirección del proyecto estaba a cargo del doctor Miguel Mattea, ellos podrían haber advertido, sugerido y hasta objetado cuestiones inherentes al proyecto en sí mismo y a las medidas de seguridad que debía rodearlo», señaló el juez.