Como ya es costumbre, mes a mes se suman nuevas dificultades a la relación entre el gobierno y el sector agropecuario. Esta vez, luego de que el pasado 20 de agosto los representantes del Congreso aprobaran por unanimidad la “Ley de emergencia agropecuaria” como una medida para ayudar a los productores que se encuentran devastados por las condiciones climáticas y económicas, el poder ejecutivo adelantó que vetará en su totalidad a la ley debido a que considera que la votación positiva se debió a un error de redacción e interpretación.
Dicha ley, que incluye un subsidio de 500 millones de pesos para los productores en crisis por la sequía y establece la suspensión del pago de retenciones a 22 partidos bonaerense y la reducción de dicho derecho a la mitad para otros 15 distritos de dicha provincia, fue vista como un avance importante por los representantes del sector, a pesar de que alcanza solo a Buenos Aires.
Ante la negativa del gobierno y las críticas tanto de los ruralistas como de la oposición, los representes de la Mesa de Enlace decidieron llevar a cabo un paro de comercialización de granos y ganado por 8 días. La medida de fuerza, que se manifiesta con productores al costado de las rutas en varias provincias productoras, pero sin cortes de las mismas, se dará por finalizada el 4 de septiembre con manifestaciones y actos en diferentes localidades claves.
Como si la situación no fuese lo suficientemente preocupante, agosto, el mes de los vientos, vino para complicar el panorama de algunos productores que vieron arden en llamas sus campos, animales, alambrados e incluso en algunos casos, maquinarias y casas.
Esta es una publicación de Fundación EGE con la colaboración de Valentina Vazquez, miembro de Fundación EGE, info@fundacionege.org