Los acusados de tentativa de fraude son Juan Carlos Masoero y Alcides Capello, quienes eran directores cuando pidieron al municipio $ 12,6 millones. El fiscal Rivero consideró que sobrevaluaron el rubro Mano de Obra. También fue imputado Martín Abasolo, quien era presidente de la mixta, aunque en grado de sospecha leve. Sin embargo, la clave de la causa, vinculada a los mayores costos que efectivamente se pagaron, tendrá que ser investigada por otro fiscal.
El fiscal de Instrucción Walter Guzmán se hizo cargo de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en los mayores costos a la firma de recolección de residuos Gamsur y suspendió indagatorias hasta estudiar el expedientes.
«Me han informado que existiría una resolución del fiscal (Julio) Rivero que se apartaría de la investigación porque se habría sumado un abogado que lo obligaría a tomar la decisión», indicó.
Guzmán precisó que la causa «está siendo remitida» y no conoce el avance de la instrucción.
«Suspenderemos las indagatorias que estén previstas hasta que podamos acceder a toda la información. No puedo volver atrás una resolución dictada por un colega por lo que las imputaciones quedan firmes», subrayó.
Imputación
El fiscal Julio Rivero decidió imputar a dos empresarios de la mixta de recolección de residuos Gamsur a quienes acusó de intento de fraude contra la administración pública municipal por los mayores costos que solicitaron durante el 2008.
Se trata de Juan Carlos Masoero y Alcides Capello, quienes eran directores durante el 2008 cuando pidieron al municipio $ 12,6 millones. El fiscal Rivero consideró que sobrevaluaron el rubro Mano de Obra.
También fue imputado Martín Abasolo, quien era presidente de la mixta, aunque en grado de sospecha leve.
La denuncia surgió por el planteo de los concejales Eduardo Scoppa, de la Coalición Cívica, y Enrique Novo, del FreGen, quienes solicitaron a la Justicia provincial y federal que determine si hubo irregularidades en los pagos del Estado a la mixta.
Rivero, según publica el matutino Puntal, solo hizo alusión a lo que sucedió durante el 2008, «debido a que los años anteriores están sujetos aún a investigación». De esta forma, la clave de la causa vinculada a lo que efectivamente pagó el municipio, tendrá que ser investigado por otro fiscal.