Lo dijo el director por la oposición en el EMOS, Omar Isaguirre. El directorio será el que defina las restricciones que se aplicarán. «Lo acordado es avanzar con los morosos de grandes recursos», indicó.Tecnicamente el proceso exigirá la colocación de un reducidor de potencia de entrada del líquido. Isaguirre admitió que hay demoras en la aplicación de los medidores «que planteen un control generalizado». Ayer, Giambastiani dijo que avanzan en el análisis de una nueva fórmula para el cobro del agua.
«La restricción del agua a morosos del servicio no tendrá nada que ver con la canilla roja» Lo dijo el director por la oposición en el EMOS, Omar Isaguirre.
El directorio será el que defina las restricciones que se aplicarán tras una evaluación que realizó el ente para verificar los casos de deudores con capacidad de pago.
«Lo acordado es avanzar con los morosos de grandes recursos», indicó Isaguirre.
Tecnicamente el proceso exigirá la colocación de un reducidor de potencia de entrada del líquido.
«Hubo un respaldo de los técnicos del organismo al proyecto que tiene un fin bienintencionado. Este es un servicio que debe estar garantizado constitucionalmente y la propuesta nada tiene que ver con la canilla roja», sostuvo.
Añadió que «ahora se viene una discusión en el Concejo Deliberante donde se resolverá la propuesta».
El funcionario admitió que hay demoras en la aplicación de los medidores «que planteen un control generalizado».
El proyecto
El Ente Municipal de Obras Sanitarias presentará el próximo miércoles en el Concejo Deliberante el proyecto de restricción de agua para morosos y anuncian remates a deudores judicializados.
«Vamos a restringir el servicio para que aquellos que puedan pagar el agua no lo hacen. Primero se ha verificado con los trabajadores sociales caso por caso y esto va a tener como resultado una decisión del Directorio que definirá una restricción. Habrá una disminución de la presión de agua en la vivienda luego de intimación 48 horas antes de aplicar la sanción», destacó Tulio Giambastiani, titular del ente.
El funcionario dijo que hay 15 mil consumidores que «pudiendo pagar no lo hacen» y adelantó que «en los próximos 10 días la fiscalía municipal solicitará el embargo preventivo y el posterior remate».
«Esta decisión fue consensuada con el intendente (Juan Jure)», subrayó.
Desde el Ejecutivo buscan reducir los altos niveles de morosidad que superan el 30 por ciento. La medida apuntará a quienes tienen más de un inmueble y cuentan con recursos para pagar.
La llegada de los medidores sigue demorada y aún no se definió el sistema que se implementará en la ciudad. Sin embargo, Giambastiani confirmó que se avanza en una nueva fórmula para el cobro del agua.