Los últimos meses del año lectivo 2008 tomaron gran nombradía pública substanciales conflictos vinculados con la educación pública. Por un lado, se duplicaron en todo el país los paros docentes en reclamo de mejoras salariales. El caso más considerable fue el de la Provincia de Buenos Aires, donde hubo una iniciación de acuerdo entre los sindicatos educativos y el gobierno, pero que luego fue rebatido por las bases gremiales, lo que hace pensar que no se cumplirá el mínimo legal de 180 días de clase al año, abriendo una posibilidad de extensión del ciclo lectivo por parte de las autoridades.
El caso de la Provincia de Buenos Aires no es el único, ya que existen conflictos gremiales docentes en muchas otras jurisdicciones a nivel nacional. Por otra parte, en la Ciudad de Buenos Aires se produjo un conflicto que involucró tanto a docentes como a alumnos, cuando el Gobierno de la Ciudad tomó la decisión de recortar las becas concedidas a alumnos de bajos recursos. Esto produjo tomas de escuelas y congregaciones masivas de alumnos, con apoyo de padres y docentes, rechazando la medida. Estos acontecimientos se suman a otros, cuando se ocasionó un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los docentes que reclamaban por las mejoras de las condiciones salariales. Todos estos conflictos nos llaman la atención al mostrar la precariedad de la estructura educativa nacional, y exigen una reflexión sobre el papel que le corresponde al Estado, los docentes y los alumnos en el tema. Con los paros docentes, en lo que va del año, no se han producido sólo en cinco provincias pérdidas de días de clase por ceses de actividad decretados por los gremios docentes, son Chubut, Formosa, La Rioja, Misiones y Tucumán. En cambio, los paros han afectado en lo que va del año especialmente a Tierra del Fuego (que perdió 16 días de clase), Entre Ríos (14), Neuquén (9), Río Negro (8), Jujuy y Santa Fe (6), Corrientes y Mendoza (5). En la Provincia de Buenos Aires, donde se planteó el mayor problema, la cuestión sigue sin solucionarse. Son varias las causas de este problema. La educación bonaerense representa un 34,3% del gasto total provincial, muy por encima del promedio de las demás provincias (23,8%). El salario de un docente de jornada simple con 10 años de antigüedad, según un informe del área educativa de la organización no gubernamental Cippec, es de 1649 pesos, lo que ubica a Buenos Aires en el puesto 11 sobre 24 provincias. En Santa Cruz, un docente de igual cargo gana 3765 pesos. Pero además, Buenos Aires tiene el 40% de la matrícula escolar del país, y esto implica que sus problemas son disyuntivas nacionales. Tiene la mayor tasa de abandono en el Polimodal, la mayor cantidad de pases a la escuela privada y ha disminuido marcadamente en calidad educativa, lo que impacta a los sectores más desfavorecidos. Llegado este punto, es provechoso recordar que la huelga es un derecho de los docentes en cuanto trabajadores, y que no apelaron a ella como primera medida, sino que llegaron al paro tras un diálogo con las autoridades provinciales que no llegó a soluciones claras. En cualquier caso, sabemos que quienes más se perjudican con la pérdida de días de clase son los alumnos, y que el gobierno debería duplicar los esfuerzos por mantener abiertos los canales de diálogo con los docentes y por obtener los recursos que permitan sostener un presupuesto educativo en necesaria expansión.
Un segundo ciclo de protestas se desencadenó en la segunda mitad del año, ante una modificación en el régimen de becas de asistencia a los estudiantes. Si el presupuesto original asignado no era suficiente para cubrir las necesidades de los solicitantes que legítimamente aspiraban a las becas, una política educativa de Estado no debería optar por excluir a los necesitados, sino por intentar una ampliación del presupuesto, como la finalmente concedida por la Legislatura.
Otra cuestión son las muchas críticas fueron los métodos elegidos por los estudiantes para sus protestas: la toma de escuelas y la congregación callejera. Es difícil que los jóvenes de esta sociedad postmoderna, puedan idear métodos de protesta alternativos cuando son éstos los utilizados por todos los sectores sociales cuando ven afectados sus intereses: tanto los sectores más vulnerables como los propietarios y hombres de campo optan por la interrupción de la circulación vehicular para reclamar por sus requerimientos. ¿Qué hacemos nosotros, adultos, padres y educadores para ayudarlos a imaginar alternativas? Si nos preocupan tanto la apatía de los jóvenes hacia la política como la forma que adopta su intervención cuando se produce, debemos intentar responder estas preguntas con ellos. En sìntesis, lo que todos estos conflictos ponen en evidencia es la fragilidad de la estructura educativa nacional, ya que la situación educativa nacional es profundamente preocupante y, llama la atención, sobre el oscuro futuro que espera a las generaciones más jóvenes. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que la tasa de analfabetismo a nivel nacional es algo menor al 3%, aunque con considerables diferencias internas: hay un 0,5% de analfabetos en la Ciudad Buenos Aires, pero un 8% en la Provincia del Chaco. De acuerdo a esto, los programas nacionales por un monto de casi 50 millones de pesos, son un paso en la dirección correcta para garantizar que adultos jóvenes terminen su escolarización. Pero ante las formidables debilidades del sistema educativo y de la estructura institucional, los contrastes interregionales y las necesidades insatisfechas, es preciso un programa integral de largo plazo que haga frente a estas distorsiones antes de llegar a situaciones límite como el paro o la toma de escuelas. Lo que está en juego es, ni más ni menos, que el futuro de las generaciones más joven.
LIC ELENA FARAH