Uno de los objetivos hacia el cual deberían apuntan las políticas sociales en el país es a aumentar la población económicamente activa que pueda ingresar al mercado de trabajo. Los países con mayores grados de integración social tienen altas tasas de participación laboral.
En la medida que dentro de los hogares las personas cuando cumplen la edad de trabajar se insertan en el mercado laboral, los ingresos familiares se incrementan y ello aleja los riesgos de caer en la pobreza. A modo de ejemplo, en países de similares características que Argentina, como España o Portugal, el 71% y el 73% respectivamente de las personas mayores de 15 años (edad de trabajar), participan del mercado laboral, trabajando o buscando activamente un empleo. En Argentina, en cambio, de los mayores de 14 años, sólo el 60% trabaja o busca activamente un empleo. Esto necesariamente se traduce en ingresos familiares per cápita inferiores y, con ello, mayores restricciones económicas.
Para aumentar la tasa de participación se necesitan dos requisitos. En primer lugar, que las personas tengan suficiente nivel de educación y habilidades para el trabajo. En otras palabras, es fundamental que tengan destrezas suficientes para poder ocupar un puesto de trabajo de razonables niveles de productividad. En segundo lugar, que las empresas estén incentivadas a generar muchos empleos y que esos empleos se ajusten a las posibilidades de los segmentos de la fuerza laboral que hoy están inactivos. Si el objetivo es que las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores (que generalmente son los que están en la inactividad) participen activamente del mundo del trabajo, entonces, no se debe castigar el empleo imponiendo altos impuestos al salario o restringiendo los trabajos de tiempo parcial u horarios flexibles. Estos son los empleos que se adaptan a las posibilidades de los que están en la inactividad y sirven para inducirlos a reincorporarse al mercado laboral.
Pero las políticas en Argentina están yendo en dirección contraria mientras cae el número de personas que ingresan al mercado de trabajo, tal como se señaló al comienzo de este informe. Se minimizan las posibilidades de producción cerrando vías de exportación y estableciendo altas retenciones que destruyen un incipiente y saludable desarrollo agropecuario e industrial que estaba naciendo en las zonas donde más golpea la pobreza, que son las provincias del norte, dado que es pertinente recordar que provincias como Santiago del Estero y Chaco con desfavorables indicadores socioeconómicos, están entre las que mas aportan al Estado en concepto de retenciones.
Desde el gobierno central se generan leyes y regulaciones laborales que alimentan los conflictos gremiales los cuales perjudican con mayor intensidad a las pequeñas empresas que son las unidades típicas de desarrollo del interior del país. En este entorno, no debe resultar raro que la tasa de desempleo sea baja. Pero lo que está reflejando no es que haya mucho empleo sino que hay tan pocas oportunidades que el desempleo queda oculto en la disminución de personas económicamente activas.
ESTA ES UNA PUBLICACIÓN DE FUNDACIÓN EGE CON LA COLABORACIÓN DE Ma. Luján Fernández Rotelli – MIEMBRO DE FUNDACIÓN EGE – info@fundacionege.org