Luciano Giuliani, integrante de Hijos Río Cuarto, estuvo presente en una de las históricas audiencias. Aseguró que sintió «impotencia» al ver a Menéndez y el resto de los genocidas y recordó que «30 años después de sus crímenes ya deberían estar presos». Evaluó que la apertura de nuevos juicios podría demorar «entre 5 y 8 años».
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«Con este proceso saldrá a la luz como trabajó el aparato represivo en Córdoba» Lo dijo en diálogo con Telediario Luciano Giuliani, integrante de Hijos Río Cuarto, quien estuvo presente en una de las históricas audiencias judiciales contra el represor Luciano Benjamín Menéndez y otros militares acusados por secuestrar, torturar y asesinar a los militantes del PRT Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas, Raúl Osvaldo Cardozo, Humberto Horacio Brandalisis.
Aseguró que sintió «impotencia» al ver a Menéndez y el resto de los genocidas y recordó que «30 años después de sus crímenes ya deberían estar presos». Evaluó que la apertura de nuevos juicios podría demorar «entre 5 y 8 años».
«Es positivo ver a un personaje como éste en el banquillo. Nosotros le dimos todas las garantías constituyentes que él no le dió a las víctimas. No hay revanchismos sino búsqueda de Justicia «, destacó.
Giuliani recordó que solo en un momento Menéndez cruzó una mirada con las Madres y los familiares de los militantes asesinados. «Fue breve y no hubo gestos violentos», afirmó.
El dirigente social consideró que «no está bien que permanezcan los imputados alojados en el Tercer Cuerpo del Ejército» y evaluó que «deberían ser alojados en cárceles comunes».
Ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba, además de Menéndez, son juzgados los ex militares Hermes Oscar Rodríguez, Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y el ex personal civil de Inteligencia Ricardo Alberto Ramón Lardone.
«Soy el único responsable»
«Soy el único responsable de la actuación de mi tropa. Por eso, a mis dignos subordinados de entonces no se les puede imputar nada y mucho menos privarlos de la libertad, como injustamente se ha hecho», afirmó Menéndez cuando habló ayer ante el Tribunal.
Menéndez se despachó manifestó que «no hay más que ver los nombres y los antecedentes de los que nos acusan para corroborar su filiación ideológica».
Menéndez tildó de «incompetente» al Tribunal que lo juzga, con el remanido argumento de que debe ser enjuiciado por el «Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas», un organismo que ya no existe en la organización militar argentina.
El tribunal
Los jueces que integran el Tribunal Federal Oral Nº1 (TOF1) serán los encargados de sustanciar el juicio. Ellos son, el presidente Jaime Díaz Gavier y los vocales José Vicente Muscará y Carlos Otero Álvarez.
Menéndez
Luciano Benjamín, alias «Cachorro», matricula de identidad 4.777.189, nació el 19 de junio de 1927 en San Martín Provincia de Buenos Aires, hijo de José Maria y de Carolina Sánchez Mendoza, estado civil casado, de profesión militar pasó a retiro con el grado de General de División. Cumple su arresto en su casa ubicada en la calle Ilolay Nº 3269, del barrio Bajo Palermo en la ciudad de Córdoba. Actualmente tiene 80 años.
Fue el comandante del 3º Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979. Esta repartición tuvo epicentro en Córdoba, pero abarcaba a 10 provincias del Noroeste y Cuyo: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. Por lo tanto, mientras estuvo al mando del 3º Cuerpo, Menéndez fue el máximo responsable de todas las violaciones a los DDHH en estas jurisdicciones.
En la actualidad centenares de causas lo imputan dado a que bajo sus órdenes actuó todo el aparato represivo de estas 10 provincias.
Dentro de la provincia de Córdoba, denominada por los militares área «311», la autoridad de este represor cobraba aun más protagonismo. Según consta en los legajos de inteligencia incautados por la justicia, el propio Menéndez presidía la denominada «Comunidad Informativa» en donde confluían autoridades de las Fuerzas Armadas, Policía Provincial, Policía Federal y SIDE. De la misma manera fue responsable de todos los campos de concentración que funcionaron en las provincias que abarcaba el 3º Cuerpo.
Si bien no fue él en persona el autor material de todas las torturas y asesinatos, sin su intervención los mismos no habrían acaecido, era quien dirigía y daba las instrucciones para el funcionamiento de toda el Área 311, estableciendo los objetivos y evaluando la conducta de sus subordinados.
Junto a sus seguidores conformó la «Organización Nacionalista» o «Partido Militar» de expreso corte fascista que criticaban al sector de Videla por «blando».
En ocasión de una conferencia en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Económicas se explayó sobre la estructura y el proyecto político de las FFAA donde manifestó que «por suerte las Fuerzas Armadas sanmartinianas habían exterminado a la población indígena y que de esta manera se crea una Argentina blanca y culta». En el mismo sentido dijo que aplaudía el histórico accionar de las Fuerzas Armadas con respecto a no permitir que en nuestro país entraran inmigrantes de raza negra, lo cual evitó que se reprodujeran, de lo contrario la Argentina sería como Brasil o Uruguay.
Durante la dictadura una de sus políticas emblemáticas fue el llamado «Pacto de Sangre». Era, según los oficiales de «La Perla», una invención genial de la que estaban admirados y agradecidos. Consistía en hacer participar de los secuestros y fusilamientos a todos los oficiales de las unidades regulares para que, en una posible futura etapa, no «se dieran vuelta» y decidieran declarar contra Menéndez y los oficiales del Destacamento.
A partir de febrero de 1977 los asesinatos de secuestrados en «La Perla» comenzaron a racionalizarse, fusilándose de a tres por día, con el objetivo de que alcanzaran los secuestrados para todo el personal militar.
Participaba de algunos operativos y en todos los casos sustraía el «botín» para él. En «El Castillo», casa situada en el Barrio Villa Cabrera de Córdoba, donde el 9 de marzo de 1977 murieron 7 militantes, Menéndez se llevó para él una valija llena de dólares, generando resentimiento en el resto de la tropa.
Las veces que participaba, permanecía resguardado detrás de algún vehículo y miraba a través de un espejo que sostenía en la mano, para no ser alcanzado por los disparos.
Con el retorno democrático las causas en su contra comenzaron a multiplicarse. La impunidad de la Ley de Obediencia Debida no le correspondía a los altos mandos y rápidamente acumuló centenas de causas. En 1988 fue procesado por 47 casos de homicidio, 76 de tormentos, 4 de ellos seguido de muerte y 4 sustracciones de menores.
Recibió la protección de la Corte Suprema de Justicia que lo desprocesó en algunas de esas causas invocando la Ley de Punto Final pero quedaron algunos procesos pendientes que conducirían en 1990 a la elevación a juicio donde él era imputado. Fue entonces, pocos días antes del comienzo de las audiencias, que el presidente Menem lo indultó. Fue el único caso en que se aplicó un indulto a una persona que aun no tenía condena. En este caso el perdón presidencial no respetó la constitución que indica claramente que la figura del indulto solo puede aplicarla el presidente a una persona condenada. Así se garantizó la impunidad por más de una década.
Con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final pudieron reabrirse algunas de las viejas causas que lo imputaban y desde el año 2003 se encuentra con prisión preventiva domiciliaria por la causa Brandalisis.
Querellantes
Las querellantes en esta causa son las Valeria y Soledad Chávez (hijas de Hilda Flora Palacios) y La Familia Laja.
Valeria y Soledad son representadas por Claudio Orosz y Martín Fresneda, abogados de H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
En tanto la familia Laja cuenta con el patrocinio del Dr. Mauro Ompre.