Las inconsistencias del discurso oficial en el reino de la soja

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La particular coyuntura política y económica del país, signada por el conflicto de tres semanas de duración, que enfrentó a los productores agropecuarios con el Gobierno por el aumento de las retenciones a las exportaciones de soja y girasol, que pretende ser compensado por una muy leve disminución para los envíos de trigo y maíz, obligó a cuatro apariciones de la señora Presidente en una semana. Esto merece un análisis, que a continuación detallamos, en especial de aquellos anuncios que delatan algunas inconsistencias con la realidad.

Se habla de defender a los pequeños y medianos productores agropecuarios, pero se pasa por alto que primero se deben definir los parámetros relevantes que sirven para la clasificación de pequeño, mediano o gran productor, y que el agro es de una gran heterogeneidad estructural en términos sociales, geográficos, ambientales y políticos. Así, cuando el Ministro de economía pone como parámetro 150 hectáreas, que producirían a rindes normales 500 toneladas al año, coloca en el mismo plano a la explotación de esa magnitud en la zona núcleo con la de idéntica extensión en el norte de Córdoba o cualquier otra zona agrícola del país. Más aún, no considera que establecimientos de similar tamaño en la misma zona pueden llegar a tener grandes diferencias en sus rendimientos por hectárea.

Pero además de las dificultades que conlleva establecer la clasificación entre pequeñas, medianas y grandes explotaciones, no se explicita la metodología para implementar la medida, los tiempos y costos de su puesta en marcha, máxime considerando que existen, por ejemplo, pequeños o medianos  productores trigueros y lecheros que todavía están esperando poder cobrar las compensaciones anunciadas varios meses atrás.

Se anuncia la creación de una subsecretaria destinada a atender la problemática de los pequeños productores agrícolas, pero es innecesaria una nueva estructura del Estado cuando ya existen organismos que podrían o deberían atender esas cuestiones. Así, tenemos el INTA que está diseminado por todo el país, pero cuya central está en el barrio de Palermo; el CFI, con representaciones en las provincias pero con cabecera de oficinas en plena City porteña; el INTI, la SEPYME, etc.  y sin olvidar que  todas las provincias tienen alguna área de su administración dedicada al sector rural.

Se afirma que el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo en $ 3.15 beneficia al campo, pero se omite decir en realidad cuál es el valor del dólar para las exportaciones de granos. Es un número inferior a $ 2, cuando se le restan las retenciones y se tiene en cuenta que el costo de los insumos agrícolas aumentaron por lo menos al mismo ritmo que lo hizo el dólar desde la salida de la convertibilidad.

Estrictamente, el tipo de cambio actual para el agro en términos reales es inferior al vigente en diciembre de 2001, simplemente que esa situación se ve disimulada por el hecho de que la soja cotiza en los mercados internacionales a u$s 435, mientras que para la época en que finalizaba la convertibilidad su precio era de u$s 170/180. Recordemos que desde mediados del 2002, y por ende en toda la época de la Administración Kirchner, la soja siempre cotizó bien arriba de los 200 dólares.

Aunque parezca todo muy cercano, desde aquella época es que se viene verificando esta situación de buenos precios externos. Por eso, y dada la incidencia que tiene la producción agropecuaria para la Argentina, es que parece exagerado el discurso de la autoridad en el sentido de atribuir la recuperación del campo y el país a la acción oficial, cuando desde el 2003 para acá, el precio no solo del “yuyo” sojero, sino de los otros granos, de los lácteos y de la carne atraviesan una fase de buenos precios muy pocas veces visto.
 
Es de señalar  que  como el valor del dólar es $ 3.15 pero para el agro es menor a $ 2.- esa diferencia, es el requisito necesario para poder cobrar las retenciones y tener el superávit fiscal;  y esto desnuda otra contradicción de lo que se afirma desde el ámbito oficial, la tan pregonada mejora en la distribución del ingreso con la herramienta de las retenciones. ¿Por qué?
Es que aunque la bonanza mundial en el precio de los granos contribuye a la inflación interna, y desde este punto de vista es aceptable y necesario aplicar medidas que aíslen al menos parcialmente el mercado interno del externo, para mitigar el efecto sobre el costo de la canasta alimentaria de los habitantes, la causa esencial de la inflación está en otra parte, en el esquema de política económica que ha implementado el gobierno desde fines del año 2005. Es inflacionario y la inflación es un impuesto que redistribuye el ingreso negativamente, afectando de lleno a los sectores de menor poder adquisitivo.

¿Alentando la Diversificación?
Llama la atención el discurso oficial en cuanto considera que estas medidas propenden a la diversificación productiva, cuando justamente es de esperar lo contrario. Por las características técnicas y económicas que reviste el cultivo de soja, es el grano que menor riesgo reviste para la ecuación de beneficios del agricultor. ¿Por qué?
Respecto al cultivo de maíz, tiene mayor flexibilidad en cuanto a la temporada de siembra y a los requerimientos hídricos, además de ser mas barato el costo de la implantación, esto a su vez significa que es mas viable su cultivo a menores escalas de producción por necesitar menos respaldo financiero.

Pero si la soja presenta ventajas técnicas y económicas respecto al maíz, más aún lo tiene en comparación con la producción animal de carne o leche, justamente las otras dos actividades que según el discurso oficial se quiere fomentar.

Por caso la producción de animales con destino a exportación implica un ciclo de alrededor de 1000 días desde que nace el animal hasta que está con el grado de terminación necesario para su faena. Para tener una idea de lo que se está diciendo, piénsese que los animales que nacieron en la época en que unilateralmente se cerraron las exportaciones en marzo de 2006, recién estarán listos para poder ser enviados a los mercados externos dentro de un año, cuando en el  mismo lapso un productor  sojero levantó la  cosecha en 3 oportunidades.

Peor aún es si se trata de una explotación tambera, ya que la misma implica un formidable desafío logístico y productivo, además de financiero; absolutamente todos los días del año el proceso de ordeñe y mantenimiento de los animales debe ser llevado a cabo, con prescindencia de cuestiones o a pesar de la coyuntura climática y política.

Claramente en este caso las continuas y discrecionales intervenciones al mercado lácteo influyen en él animo de quienes deben continuar todos los días con la actividad lechera, que ante este panorama de incertidumbres e intervenciones muchos de ellos optan por el camino más tranquilo de la agricultura de soja. Puede que sea más dañino el panorama, si optan por alquilar sus campos pasando de productores a rentistas, fomentando aún más los procesos de  migración rural-urbano, no sólo porque abandonan la zona rural sino por también lo hacen quienes estaban empleados en sus establecimientos.

Para terminar estas líneas no es ocioso recordar que en esta semana, casi en simultaneo con los anuncios presidenciales, entre lunes y martes el precio de la soja en el Mercado de Chicago bajó acumulando una disminución superior al 20%; un dato no menor luego del pico de cotización del 3 de marzo, cuando llegó a 572 dólares la tonelada.  Así y sin que hayan desaparecido los componentes estructurales que mantienen alto el precio de la soja, nos empezamos a acercar a los valores de diciembre pasado, con lo cual la medida de retenciones móviles no tiene sentido. No son sólo menos divisas que ingresarán a la economía, porque en el medio quedó un sector fundamental de la producción con profundas heridas y el país nuevamente rifa una oportunidad histórica para su crecimiento.

 

Lic. Claudio Forlani
Fundación EGE.

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