Gustavo Busso.
Licenciado en Economía y Magíster en Ciencias Sociales.
Docente e investigador de la Instituto de Desarrollo Regional, FCE-UNRC.
Consultor de organismos públicos nacionales e internacionales.
E-mail: gbusso@eco.unrc.edu.ar
El año 2008 ha sido bastante más movido en términos políticos de lo que el gobierno, la sociedad civil y los mercados pensaban hasta hace unas pocas semanas. Desde la crisis terminal del modelo neoliberal de convertibilidad a fines del año 2001, el conflicto social predominante ha tenido que ver ya no con la crisis recesiva y el empobrecimiento masivo de la sociedad, sino con problemas por el tipo de crecimiento económico y distribución del ingreso que genera el modelo económico actual. Aunque todavía no ha sido bautizado, el actual modelo tiene como aspectos centrales otro tipo de cambio (flexible, más alto y controlado), otro régimen monetario y otro esquema fiscal que el existente en el período de la convertibilidad (1991-2001) gestionado por las presidencias de Menem y de La Rúa.
En estas últimas semanas hemos asistido a un momento en que han emergido y se han expresado distintos tipos de procesos sociales y políticos en las organizaciones de la sociedad civil, entre ellos el heterogéneo conjunto de actores autodenominados «del campo». En realidad, la situación no es novedosa en la historia política y económica argentina, pero aparece trasmutada en la actualidad.
Dos cosas son convenientes puntualizar y recordar en el momento económico y político de hoy, una está referida al pacto social que propuso la presidenta en su campaña electoral y la otra es la magnitud del problema sectorial que se expresa en los márgenes de ganancia de las unidades productivas agropecuarias.
En primer lugar, el eje de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner fue proponer la necesidad de realizar un pacto social que le de estabilidad y gobernabilidad al modelo de crecimiento económico y distributivo de la era K. Pues bien, la contracara del pacto social es un pacto fiscal que lo sostenga y una organización política que le de viabilidad. La movilización y lucha de los productores y organizaciones gremiales ponen, objetivamente, límites y condicionamientos desde el capital a las políticas que afectan la distribución del ingreso y que están en la base del pacto social. En el conflicto, que es una continuidad histórica pero que a la vez recién empieza, se manifiesta una correlación de fuerzas que tendrá profundas consecuencias políticas en la sociedad y en el sistema de partidos políticos de los próximos años. Esto se relaciona con el tipo de andamiaje político al interior del peronismo que viene construyendo el ex presidente Néstor Kirchner para dar gobernabilidad al pacto social.
En segundo lugar, la magnitud del problema del conflicto agropecuario debe ser enmarcada en un contexto de crecimiento económico, alza en los precios internacionales y con un promedio de altas tasas de ganancia anuales a partir del año 2002 (40% superior a los últimos 4 años de la convertibilidad, según algunos estudios). En promedio desde el año 2003 Argentina ha crecido al 8,2% anual y la pobreza en el país ha bajado de forma lenta pero sistemáticamente. Esto último ha sido principalmente por el efecto del crecimiento económico y en menor medida por mejoras en la distribución de patrimonios e ingresos. Avanzar en esto último (objetivo de equidad) requiere de una correlación de fuerza suficiente que pueda consensuar e imponer cómo se distribuirán los costos y los beneficios de vivir en la sociedad argentina. Explícita o implícitamente, el pacto social y fiscal (y también medioambiental !!!) que se está gestando reconfigurará el panorama político del país de los próximos años.
En la conyuntura, el diálogo que se ha abierto en estos últimos días entre las partes en conflicto contribuirá (o no) a marcar el camino y los mecanismos de resolución de las diferencias, pero lo central para un proceso de crecimiento económico con equidad será definir reglas de juego claras, eficientes, equitativas y sustentables (¿retenciones o impuestos progresivos a las ganancias?, ¿centralización o coparticipación de las retenciones?, etc.) que den perspectiva de mediano y largo plazo a este modelo de desarrollo que se viene gestando desde las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.