Hay varios temas que rodean en forma imperiosa a la estructura educativa, desde su aspecto socio-contextual hasta sus turbulencias internas, que se manifiestan en toma de decisiones a veces no las más apropiadas. Para ello es necesario haber pasado por el camino de la sabiduría que es mucho más que el conocimiento. Esto que significa transitar un camino de idas y vueltas hasta encontrar la fina sintonía del equilibrio y la justicia.
En este comentario es mi deseo analizar algunos desequilibrios que nos presenta la compleja sociedad en que vivimos, y en la que todavía no pudimos domesticar: hábitos, acciones, pensamientos y estructuras instaladas desde hace tiempo.
Octavio Paz en su libro La Flecha del Tiempo, nos plantea la cuestión filosófica de la mensurabilidad de un tiempo y nos pone en un escenario diferente al que comúnmente nos ubicamos. Las reacciones de los seres humanos en estos tiempos, deben ser pensadas desde las incertidumbres y la falta de certezas, y en esto están involucradas todas las instituciones incluidas las educativas.
Entre los temas que estas instituciones, tanto públicas como privadas, van a tener que prepararse para confrontar, son los diferentes conflictos que se presentaron, que se presentan y que seguirán presentándose.
Para ello analicemos los datos del INADI y de la Defensoría del Pueblo, en este caso de la ciudad de Bs. As, pero que se instalan también en todas las ciudades en mayor o menor medida, pero con las mismas características que llevan a hacer las denuncias.
En el último año se contabilizaron en la Defensoría más de 50 denuncias, y sólo en la última semana del año 2007 se sumaron diez consultas, tres de las cuales se materializaron en reclamos. A ello se suman otras 35 quejas asentadas en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), de las cuales 10 fueron contra escuelas públicas. Debido a ello, avanza un proyecto para exigir a las escuelas que expliquen por qué niegan la inscripción a un alumno, y deberán explicar las causas.
La resolución 641/81, establece que los institutos privados pueden reservarse el derecho de admisión al comienzo de cada período lectivo. «Esta norma fue derogada y era exclusiva para el nivel primario. Los colegios castigan a sus estudiantes con la máxima sanción prevista (la expulsión) por desavenencias entre adultos», dijo Gustavo Lesbegueris, defensor adjunto a cargo del área de educación
Ante las reiteradas denuncias, la Defensoría presentó, el año pasado, un anteproyecto de ley que obliga a los colegios privados a fundar la negativa de inscripción o re-matriculación de los alumnos. ¿Qué pasa en las escuelas públicas?
También en las públicas, según surge de las denuncias recibidas en el INADI, los argumentos esgrimidos por las escuelas para rechazar la inscripción de alumnos se basan en que «son grandes en edad», repetidores de curso, padecen alguna enfermedad, problemas de conducta e, incluso, haber existido intercambios de opiniones entre padres y docentes.
Según expresa la presidenta del INADI, María José Libertino: «Son todos clarísimos casos de discriminación, porque el derecho de admisión no existe para discriminar. Es una invención de las escuelas que intentan sacarse de encima a quien le genere dificultad. Las escuelas deben ser, por excelencia, un ámbito de inclusión».
Este tema queda abierto, porque no es tan sencillo de resolver, y porque no solo hay numerosas variables, sino que influyen, sobre todo, intereses sociales y económicos.
Las instituciones privadas deben tener que claro que si quieren mantener un nivel de jerarquía, deben exigirse una serie de cualidades a veces muy difícil de cumplir: equidad, ecuanimidad, justicia, no discriminación etc.
Lo más elemental en todas las instituciones, es poner fuertemente la mirada en el alumno, intentando no dejarse manejar por subjetividades que influyen en las decisiones, muchas veces desacertadas.
Cada institución tiene que encontrar, junto a los padres, una resolución sin violar los derechos de los alumnos y de los padres, y en consonancia con las normativas propias de cada institución que no tienen que confrontarse con las normativas oficiales. La pregunta que cabría entonces, entre tantas, sería ¿Tienen las instituciones educativas un régimen de convivencia construido sobre la base de libertades consensuadas? De no ser así, sería el punto inicial para cualquier resolución acertada.
“La libertad es una elección que solo puede ejercitarse dentro de un marco de deberes”, según Barylko. Y en esto tiene que ver la fortaleza de los cimientos de una construcción instituconal acorde con los tiempos que vivimos.
LIC ELENA FARAH