Cuando La Justicia intenta precisar las vinculaciones privadas con lo ocurrido en la Universidad, para quien investigaba el equipo afectado por el siniestro y cómo se introdujo el hexano, comienzan a surgir revelaciones de un conflicto que se cobró dos víctimas y tiene en vilo a toda la Universidad.
LAS INVESTIGACIONES CON FONDOS PRIVADOS DUPLICAN A LAS SUSTENTADAS POR EL ESTADO
Por Pablo Callejón – El estallido en la Planta Piloto de investigación en la Universidad Nacional de Río Cuarto reveló desesperación, bronca, muerte y desolación. No solo fue hexano lo que se derramó en el centro de experimentación. También quedaron expuestas las denuncias por falta de controles, inseguridad y escasez de recursos. Docentes, alumnos e investigadores admitieron que un accidente tenía alta probabilidad de concretarse en el encierro de ese pabellón cargado de combustible y silencio.
Desde la conducción universitaria y la Justicia Federal intentan revelar las vinculaciones privadas con lo ocurrido en la Universidad y cómo se introdujo el hexano. “Hay que estar en la Universidad para evitar que desaparezcan las pruebas”, pidió el profesor Raúl Montenegro al hacer referencia que dentro del campus están todas las respuestas sobre lo sucedido.
Saber para quien trabajaba el grupo de investigadores que requería del hexano para su experimentación permitiría develar las razones del trabajo y las causas de la tragedia. En un parte oficial de la UNRC se advirtió que Sebastián Murello, uno de los heridos que ya fue trasladado a Bahía Blanca, la ciudad donde reside su familia y también Diego Bonasa -aún internado en un nosocomio privado de la ciudad- a una empresa de Rosario.
Desde la empresa belga De Smet admitieron la vinculación con el proyecto en diálogo con el matutino PUNTAL y precisaron que existía un convenio informal próximo a firmarse.
¿Las explosiones en la Planta Piloto fueron solo un caso aislado y accidental? No lo parece. Si la dirigencia de la Universidad y la Facultad de Ingeniería no tienen todas las respuestas a lo sucedido, cuentan, al menos, con una vasta idea de lo que pudo haber ocurrido. Sin embargo, la decisión es no adelantar opiniones sobre el duelo de los familias de Juan Politano y Liliana Giacomelli, y la desesperante lucha de quienes permanecen internados en el Instituto del Quemado.
Desde la secretaría de Ciencia y Técnica afirman que no hay documentos oficiales que acrediten sobre la investigación, sus fuentes de financiamiento y la presencia de 15 toneles de 200 litros de hexano. Esto implicaría que el trabajo no tendría aval oficial y era desconocido por la Universidad. Sin embargo -tal como anticipó TD Digital – el grupo de investigación afectado trabajaba desde hacía varios años sobre extracción de productos naturales a partir de especies vegetales y esto había sido publicado por la página web oficial de la casa de altos estudios.
También quienes participaron de la instalación eléctrica de la Planta Piloto confirmaron sobre la manipulación de hexano en la Universidad. «En ese trabajo ya se había decidido poner como línea de investigación la extracción de aceite por solvente, que es decir hexano. (José Luis) Pincini era vicedecano de Ingeniería y (Oscar) Spada, secretario técnico de la Facultad. No me digan que no sabían”, destacó el ingeniero Pablo Galimberti.
La línea amarilla
¿Podían desconocer las autoridades lo que era vox populi entre docentes e investigadores en la Facultad? Los barriles de hexano estaban a la vista de quienes pasaban por la Planta Piloto. Una docente del Conicet afirmó que una línea amarilla actuaba como línea divisoria entre el paso de la gente y el combustible. Incluso se desarrolló una reunión informativa sobre la utilización del peligroso líquido y hubo coincidencia en no afectar la investigación.
En las asambleas que se realizaron en el campus y Plaza Roca hubo dos acuerdos avalados por la mayoría de los presentes. Primero, «el control de lo que ingresaba al campus y lo que ocurría en un lugar de habitual experimentación no pudo quedar excento de la observación de las autoridades». El hexano no estaba escondido en un lugar imposible de advertir ni era un secreto de estado. Su peligrosidad era conocida por investigadores y autoridades. Sin embargo, «no se actuó a tiempo». Segundo, «el Estado que exige más y mejores investigaciones no está dispuesto a garantizar las condiciones adecuadas para su desarrollo».
Las responsabilidades por omisión son aún más complejas. «Yo avisé sobre los riesgos de tener hexano allí pero me dijeron que no había otro lugar donde dejarlo. No nos cuidaron», destacó un alumno pocos minutos después del siniestro. En la última asamblea, el ingeniero Galimberti señaló la imposibilidad para trabajar con tamaña cantidad de combustible en el espacio que ofrece la Planta Piloto. El propio director del proyecto Miguel Mattea -quien se encuentra gravemente herido- advirtió que el hexano «el solvente orgánico que más se utiliza para este tipo de extracciones es riesgoso ya que forma con el oxígeno del aire mezclas explosivas y su inocuidad no está totalmente aceptada».
Muchos admiten que conocían sobre la presencia del hexano en la Universidad y la mayoría coincide en que no están dadas las condiciones estructurales y funcionales para realizar este tipo de investigaciones.
El silencio que dominó antes la escena antes de la tragedia es admitido por la dirigencia docente y la comunidad universitaria que recuerda las explosiones del horno en la Facultad de Agronomía y otros incidentes en el campus que no derivaron en medidas contundentes que provocaran cambios en las condiciones de confiabilidad.
Aunque desde la conducción de la Universidad aseguran que «nunca se trabajó tanto en seguridad y se efectuaron tantos avances en obras para emergencias», los docentes denuncian que la comisión integrada tras el incidente en Agronomía «hizo poco y nada y desde hace un año no se reúne».
Sin recursos
«Si tuviéramos que exigir medidas adecuadas para trabajar necesitaríamos condiciones del Primer Mundo. No se puede exigir calidad sin inversión», advirtió un docente en pleno debate de la Asamblea sobre la necesidad de concretar una comisión de seguridad de la que participen todos los sectores. El objetivo de los docentes es conocer lo que se hizo y lo que se va a hacer, y crear un mapa de riesgo de todo el campus. Advierten que un Estado que no invierte en seguridad y condiciones presupuestarias -«que han sido vapuleadas en las últimas décadas»- promueve ahora un contexto de insuficiencia para las necesidades educativas.
El planteo de los docentes evidencia, además de la insuficientes garantías sobre la integridad física de la comunidad universitaria, las magras condiciones de investigación y la tentación de los fondos privados de los que nadie quiere desprenderse, incluso los profesores que corren el riesgo aún conociendo los costos.
Según datos oficiales, la Universidad desarrolla 200 proyectos de investigación por año y cuenta con un presupuesto universitario de 2.200.000 pesos, a los que se suman 4 millones aportados por organismos externos.
Del total de aportes para cada investigación, un 80 por ciento son destinados a los docentes que participan y un 20 por ciento a la Universidad. Los investigadores aseguran que las empresas son una fuente «indispensable» para desarrollar las actividades y advierten: «abandonar una investigación por considerar que no están dadas las condiciones de seguridad implica quedar fuera del sistema. La mayoría prefiere arriesgarse».
La docente Elena Berrutti, quien brindó un encendido y emotivo discurso durante la primera asamblea, a horas de la muerte de Politano pidió: «Véndanse, pongan un quiosco, vendan la Universidad pública, pero no nos maten»,
María José Zapata, integrante de la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados fue también contundente: “Esperamos que quienes se enorgullecían hasta ayer por el aumento de la cantidad de científicos, tomen conciencia de que no alcanza sólo con dar más becas, sino que es necesario aportar los fondos para que los becarios y los investigadores formados puedan trabajar en un ambiente sano. Queremos vivir para poder trabajar en la investigación, no deseamos morir por la ciencia”.