La tragedia caló hondo y provocó demasiada confusión. Desde hace más de una semana que el campo solo es habitado por peritos judiciales y funcionarios ajenos a la actividad académica. Ayer, la comunidad universitaria volvió a ocuparlo, al menos por algunas horas, pero el final del encuentro dejó la misma vacilación que estalló junto al hexano y todavía se derrama con el eco agudo de las explosiones.
Por Pablo Callejón
«Lean las actas para ver cuantas veces se planteó el tema de seguridad durante las paritarias docentes. No creo que encuentren una»
Fue una definición breve pero elocuente de lo que piensa y siente el rector Oscar Spada y la mayoría de los integrantes del Consejo Superior que ayer enfrentaron por primera vez los discursos caldeados y las miradas amenazantes de alumnos, docentes y no docentes, tras las trágicas explosiones en la Planta Piloto, ocurridas el pasado 5 de diciembre.
En la sesión de ayer, Spada no solo soportó a regañadientes realizar la asamblea con el castigo del sopor de un calor insoportable de diciembre, sino las críticas de una comunidad que juzga sin autocrítica.
El Rector llegó al Anfiteatro San Martín junto al decano de la Facultad de Ingeniería Diego Moitre en medio de silbidos y aplausos que no celebraban su arribo sino que manifestaban el rechazo por la demora en el inicio de la Asamblea. Spada ocupó su espacio en el centro de la improvisada disposición de mesas en forma de medialuna y tras pedir un minuto de silencio por las víctimas se mostró agobiado en un discurso donde asumió su responsabilidad por lo ocurrido.
“Sería hipócrita decir que todos somos responsables, pero algunos tenemos más responsabilidad que otros y en ese marco tenemos que entregarnos a la justicia sin mezquindades… No me voy a ir, no voy a dejar la Universidad, no porque tenga algún problema con el cargo sino porque quiero compartir con ustedes esto que nos está pasando”, afirmó.
Spada no habló de medidas, ni describió lo hecho en materia de seguridad o lo que se piensa hacer para remediar el estado de desconfianza que maduró tras el fuego y las muertes. Solo señaló que “quizá todas las cosas que se hicieron no fueron suficientes, pero algunas actividades se pudieron hacer”
Sus primeras palabras fueron un gesto hacia la multitud de casi 3 mil personas que esperaba el momento para cargarle las culpas. El Consejo – y no solo Spada – avaló decretar la Emergencia. Esto implica interrumpir las actividades en el campus y solo garantizar guardias mínimas, reprogramar turnos, crear una comisión interclaustros para medir la seguridad en la Universidad y generar un plan de mejoras y asistir psicológicamente a las víctimas de la explosión.
Allí comenzó a evidenciarse que el Rectorado quería consensuar en desigualdad de condiciones. Sin un plan oficial decidido para enfrentar la crisis, fue la Asamblea Interclaustros la que impuso la agenda de medidas.
También Moitre asumió responsabilidades pero evitó describir errores, falencias y proyectos de recomposición del estado de seguridad en su Facultad. Esta vez no hubo negativas sobre lo que debió saber y asegura que nunca conoció. Su discurso fue escueto y evitó los sonidos del repudio de estudiantes y docentes. Solo hubo silencio.
Los representantes de la asamblea profundizaron en las deudas que Spada y Moitre ya habían admitido.
No todos los funcionarios admitieron su responsabilidad de igual forma: Carlos Bortis, vicedecano de Ingeniería y presidente de la Fundación de la Universidad prefirió el silencio y el ingeniero Pincini, coordinador de la Universidad, pareció desentendido, desinformado y desobligado. “No tengo responsabilidad”, esgrimió el representante de la conducción de la Universidad en la comisión de bioseguridad del campus.
Crítica y autocrítica
El secretario General del Gremio Docente Marcelo Ruiz denunció vacío institucional y cuestionó que el Consejo Superior haya reaccionado en debate público una semana después de las explosiones y tras el fatal desenlace para la agonía de un alumno, una docente y un investigador. La Asamblea actuó antes, aún con la bronca y el duelo por las víctimas, y eso quedó evidenciado ayer.
Profesores y alumnos precisaron en enérgicas alocuciones que fallaron los controles para evitar que el hexano generador de las explosiones en la Planta Piloto ingresara a la Universidad y fuera depositado en un sector de «altísimo riesgo». También denunciaron la falta de un plan integral de seguridad que garantice adecuadas salidas de emergencia, matafuegos, infraestructura apta para experimentos de alto riesgo y equipos para minimizar potenciales accidentes.
En las tres últimas asambleas interclaustros hubo decenas de acusaciones sobre situaciones irregulares de trabajo y las flaquezas del sistema de investigación que depende, en más de un 60 por ciento, de organismos externos y privados. Se reveló “un sometimiento a los intereses empresariales” que “degrada las condiciones de trabajo y se aprovecha de la excelente calidad educativa de nuestros docentes”.
Sin embargo, la asamblea acusó con poca autocrítica. Ni la explosión de una cocina del Comedor, ni el estallido del horno de Agronomía y Veterinaria que volteó paredes a metros del paso de estudiantes y docentes, provocó la solicitud de un plan de seguridad o de acciones que hoy exigen con firmeza. Tampoco se ha reflexionado sobre la actitud de todos los que sabían del ingreso y la presencia del hexano en la planta piloto, y de las posibles consecuencias de su manipulación. Se admitió que antes de las explosiones hubo charlas, reuniones y debates sobre que hacer con el combustible almacenado pero no se escuchó ninguna voz que públicamente exigiera su traslado ni se decidió interrumpir actividades ante un riesgo potencial. Los propios docentes aceptaron en asamblea que se priorizó la continuidad de la investigación y los alumnos que plantearon los riesgos no fueron escuchados.
Es cierto que deben ser el Estado y las autoridades locales los que garanticen las condiciones de trabajo en la Universidad, pero ya algunos profesores e investigadores admiten que “ante condiciones inadecuadas para el desarrollo seguro de las actividades hay que saber decir que no”.
Mas allá de lo judicial
La Justicia deberá resolver ahora como ingresó el hexano al campus, como se utilizó el combustible, sus condiciones de almacenamiento, las causas del accidente y las responsabilidades penales.
De todos modos, la búsqueda de justicia sobre lo ocurrido por las explosiones en la Planta Piloto resultará incompleta para la solución integral y amplia de lo sucede en el campus. La Universidad necesita reconstruir la autoridad institucional, crear un esquema sólido de confianza y seguridad y definir prioridades de acción en la indefinida reanudación de actividades.
El examen perdido
Hoy el ex rector Alberto Cantero habló sobre la tragedia y pidió una amplia apertura de la actividad universitaria. Aseguró que la Universidad “es seria y segura” e invitó a los padres de los ingresantes “que vengan a inscribir a sus hijos”. “No existe emergencia”, advirtió.
Sus palabras tienen un fuerte contraste, no solo con la actual conducción que avaló el reclamo de la Asamblea, sino con el análisis del debate generalizado sobre lo ocurrido por parte de 3 mil universitarios en el Anfiteatro. ¿Si la Universidad es segura la explosión de la Planta fue un caso aislado? Hoy el periódico La Voz del Interior publicó un informe de la Sindicatura General de la Nación en el que se detalla que “el espacio disponible para la atención a los alumnos y el lugar de trabajo del personal en la Facultad de Ingeniería es inadecuado”. Además, se mencionan “numerosas falencias en materia de seguridad que exponen a la organización a riesgos innecesarios”.
El planteo de Cantero no es en solitario. Numerosos mensajes de alumnos y docentes a Telediario y otros medios de la ciudad reafirman que “es necesaria la toma de exámenes y la reanudación de todas las actividades”. ¿La exigencia sobre el cumplimiento de los turnos es una cuestión de fondo o de forma en la actual crisis? Visto de otro modo, valdría preguntarse ¿cómo favorecerá la decisión de interrumpir las actividades académicas en la búsqueda de soluciones? La determinación de declarar la emergencia y habilitar guardias mínimas no clarificó cuál será la real actividad en el campus y qué certezas existen de que no hay riesgos a la integridad física y psíquica de quienes concurran. Lo decidido fue un gesto de fortaleza para el posicionamiento de la asamblea y de debilidad para toda la conducción universitaria. Por ahora, nada más.
La reconstrucción de un estado de normalidad y la credibilidad de un funcionamiento seguro de la Universidad no parecen esclarecerse a través de urgencias sectoriales. El después de la tragedia reveló indefiniciones, posicionamientos duales, debates con tinte político e incertidumbre por lo que vendrá.
La tragedia caló hondo y provocó demasiada confusión. Desde hace más de una semana que el campo solo es habitado por peritos judiciales y funcionarios ajenos a la actividad académica. Ayer, la comunidad universitaria volvió a ocuparlo, al menos por algunas horas, pero el final del encuentro dejó la misma vacilación que estalló junto al hexano y todavía se derrama con el eco agudo de las explosiones.