Los letrados de la UNRC señalan que la resolución rectoral por la que se aplicó el reencasillamiento “fue pacífica y unánimemente aceptada por las partes”. Y aseguran que son derechos individuales que no se pueden suplir con presentaciones colectivas por más numerosas que aparezcan
PRENSA UNRC – Luego de que los no docentes autoconvocados solicitaran al Rectorado el ingreso al Consejo Superior de una nota en la que plantean su disconformidad y preocupación por la forma en la que se llevó adelante el proceso de reencasillamiento en la UNRC, el rector Oscar Spada pidió la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta casa de estudios y en la reunión ordinaria del cuerpo colegiado de ayer –martes- se dio lectura al despacho de esa repartición, ante la presencia de una treintena de trabajadores, que se dieron cita en la sala Pereira Pinto, donde se concretó la sesión.
El rector pidió al área jurídica que se le respondiera respecto de si “el mecanismo seguido por los presentantes es el que corresponde”, ante lo cual se le indicó que “nada obsta para que el Consejo Superior tome conocimiento de esta u otras situaciones que se pudieren suscitar en el marco del desenvolvimiento funcional de nuestra institución, toda vez que la Universidad en su organización jurídica no se la supone como compartimientos estancos, sino como un conjunto de órganos, cada uno con la competencia que le cabe, la cual está perfectamente establecida en la norma máxima que rige nuestra Universidad, que es el estatuto universitario”.
Sin embargo, el área jurídica destaca que la resolución rectoral número 400 del año pasado, bajo la cual se llevó a cabo el proceso de reencasillamiento del personal no docente, “fue pacífica y unánimemente aceptada por las partes”.
El escrito, que lleva las firmas de los abogados Stella Maris Viale y Hugo Abrahan, indica que “la Ley de Procedimiento Administrativo caracteriza a dicha presentación como una mera reclamación administrativa que puede o no tener contenido jurídico, que presenta el o los administrados en el ejercicio del derecho de peticionar ante las autoridades administrativas, consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional”. Y aclara: “este derecho cobraría envergadura jurídica si nos encontráramos en un vacío legal absoluto con respecto a las posibilidad de plantear reclamaciones individuales en caso de disconformismo derivadas de los procesos de reencasillamiento, porque de eso se trata y reiteramos son derechos individuales que no se pueden suplir o sustituir con presentaciones colectivas por más numerosas que aparezcan, aún cuando dicho reencasillamiento esté direccionado a un estamento de la Universidad, como en este caso el personal no docente”.
Los abogados consideran que “de ninguna manera debiera imaginarse un planteo colectivo y una resolución del órgano colegiado”. Y agregan que la resolución rectoral “garantiza plenamente y en doble instancia el pleno ejercicio del derecho individual que le asiste a cada uno de los agentes no docentes en caso de disconformismo con su nivel asignado… lo que descarta cualquier tentativa de colectivizar la reclamación fuera del marco legal fijado por la resolución rectoral aplicable al mecanismo de reencasillamiento”.
El dictamen de Asuntos Jurídicos le indica al rector que “de ninguna manera podría el Consejo Superior avocarse a la consideración y resolución de lo planteado, porque violaría el Consejo Superior el mecanismo consentido y vigente fijado por la resolución rectoral nº 400/06, todo ello sin perjuicio de tomar debido conocimiento de lo expresado y disponer su remisión a la Comisión Paritaria Local”.
Los no docentes autoconvocados, disconformes con el reencasillamiento, se habían movilizado el pasado 5 de julio hasta el Rectorado para entregar su documento, firmado por 101 trabajadores, en el que expresaban su disconformidad y preocupación por la forma en que se llevó adelante en la UNRC la distribución de las nuevas categorías, que define cómo se reparte la masa salarial de este sector integrado por 508 empleados.
El rector Oscar Spada propuso ayer –martes- que tanto la nota de los no docentes disconformes, como el dictamen de Asuntos Jurídicos fueran enviados a la paritaria para el sector no docente a nivel local y el Consejo Superior lo acompañó con su voto. Tomada tal decisión, de inmediato los trabajadores se retiraron del recinto.