La doctora María Pía Cardozo, titular del área de Regularización de Títulos, destacó que en algunos casos logran frenar la acción judicial y en otros, solo pueden demorar la situación hasta que encuentran una residencia temporal para la familia afectada. Hoy ingresó otro caso por intimación de Rentas.
Hay más de mil familias a la espera de ser relocalizadas y las villas siguen creciendo por la imposibilidad de pobres e indigentes para acceder a viviendas.
Abogados del Municipio buscan mediar en la Justicia para evitar desalojos de familias de bajos recursos. Lo confirmó la doctora María Pía Cardozo, titular del área de Regularización de Títulos, tras las manifestaciones desde el IMV sobre la grave situación habitacional, sobre todo en los sectores medios bajos y bajos.
La funcionaria destacó que en algunos casos logran frenar la acción judicial y en otros, solo pueden demorar la situación hasta que encuentran una residencia temporal para la familia afectada.
Hoy ingresó otro caso por intimación de Rentas que comenzó a ser analizada por los letrados del Ejecutivo.
La imposibilidad de acceder a créditos o pagar un alquiler, refleja a través de los trabajadores de menores recursos, un serio problema habitacional en la ciudad.
Mil familias
Martín Carranza, titular del Instituto Municipal de la Vivienda, dijo que hay más de mil familias a la espera de ser relocalizadas y las villas siguen creciendo por la imposibilidad de pobres e indigentes para acceder a unidades habitacionales.
«No se puede controlar ni reprimir la llegada de más familias a las villas porque estamos imposibilitados a darles otra respuesta habitacional. El programa de relocalización no tiene nuevos proyectos formalizados o en marcha», señaló.
Ayer, el funcionario señaló que se necesitan construir más de 6 mil viviendas de manera urgente y precisó que se producen 15 desalojos por semana.
«Algunos se deben a incumplimientos de contratos y otros, a vínculos no formales, que son los más graves. Se trata de acuerdos de palabras que se terminaron cuando el propietario advirtió que podía lograr un rédito mayor cuando se alquila un inmueble», indicó.
Carranza señaló que tras los desalojos se busca ubicar a las familias con parientes cercanos o crear una pieza «4 por 4» que profundiza los hechos de hacinamiento.
El Estado local invierte 24 mil pesos por mes para casos habitacionales de extrema gravedad. Esto implica 288 mil pesos anuales.