El debate sobre las instituciones, y en particular la Justicia, ha revelado defectos estructurales, vicios agudos y facultades normativas resueltas para que pierdan los que perdieron siempre. La propuesta de una «Justicia Legítima» reveló un diagnóstico que la mayoría advertía y el establishment judicial osaba ocultar. Pero el resultado de las políticas que impulsó el kirchnerismo para resolver las miserias de la familia judicial tuvieron más que ver con intereses corporativos – partidarios y no con la decisión última y definitiva de consolidar un sistema ecuánime, sin privilegios clasistas.
El dictamen de Justicia no puede ser evaluado solo desde el tecnicismo normativo, sin contemplar el contexto social que define las causas. Los fiscales y jueces actúan sobre las consecuencias y lo hacen condicionados por el entorno y su propia formación social, cultural, económica y política. A ello, se adhieren los mecanismos del sistema que deciden la suerte según los recursos económicos para acceder a las grietas del entramado legal.
Esta nueva lectura de las instituciones que puso en revisión todo -y este es el principal acierto de los tiempos que corren-, no implica la cercanía de un camino de solución, aunque obliga a la discusión sobre sus miserias y protagonistas. Es el mismo debate que deviene en críticas hacia la política, el periodismo, la Iglesia, el sindicalismo, las organizaciones sociales, la educación ó la policía.
El análisis se mide en sus consecuencias inmediatas, aunque sus orígenes podrían remontarse a décadas de golpes de Estado, manipulaciones institucionales y políticas neoliberales.
La desigualdad profunda, que el kirchnerismo no pudo revertir a pesar de una década de crecimiento a tasas históricas, es un lastre que condiciona una de las matrices de la Democracia. El índice de Gini que mide la distribución del ingreso, siendo 0 el número de la equidad perfecta y 100 la inequidad máxima, revela que la Argentina pasó de tener 0,5472 en el año 2003, a 0,4110 en 2013. Se trata de una disminución sostenida, aunque demasiado lenta para un país que intenta superar el legado del modelo económico dictatorial que prosiguieron Menem y la Alianza.
Partir de este eje no implica aventurar que no debe haber castigo para quien delinque como consecuencia de las injusticias sociales, ni que esta sea la única causa de la mayor inseguridad, aunque ayudaría a entender porque las cárceles están superpobladas de jóvenes marginales.
El principio de Justicia Social debería anteceder ó al menos acompañar el mejoramiento de las normativas que rigen la Justicia tribunalicia. En la resolución de un delito, ni pobres ni ricos creen hoy en los fallos judiciales. Solo que unos terminan presos y muchos de los otros se aprovechan de esa carencia de igualdad ante la Ley.
Los linchamientos a ladrones ó sospechosos de serlo no son un hallazgo periodístico reciente y es difícil determinar su magnitud cuando un mismo caso es repetido en cadena nacional como si se tratara de hechos renovados a cada instante.
Los agresores parecen ser la manifestación de un hartazgo por la inacción de las estructuras del Estado y se advierten capaces de golpear hasta la muerte a otra persona, haciéndole pagar con un homicidio ó una golpiza salvaje el robo de una cartera. Ese acto nada tiene que ver con la legítima defensa y tampoco es un caso de Justicia por mano propia, simplemente porque no existe Justicia cuando alguien decide interrumpir un acto delictivo convirtiéndose en vengador, homicida ó linchador.
La tentación demagógica de algunos políticos en evitar las críticas a los episodios que son exaltados mediáticamente, disponen la peor derivación del marco de debate. Si la Justicia es sustituida por la ley de la calle, es decir, la que resuelve discrecionalmente cualquier persona y ejecuta el más fuerte, las sociedades se convierten en caníbales de su propia subsistencia.
La discusión parece conducirnos en una agenda que no logra trascender el diagnóstico permanente de los errores y debilidades y todos quedamos en un mismo banquillo de los acusados, bajo el dictamen de una nueva mirada social que debería dejarse llevar por el juicio de la razón.
Por Pablo Callejón (callejonpablo@yahoo.com.ar)
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