Subsidios al cielo, el modelo de Aerolíneas para cobrar por los asientos vacíos

En Río Cuarto, el regreso de los vuelos de Aerolíneas Argentinas fue celebrado como un logro político y una buena noticia para la región. Después de meses de obras y negociaciones, la empresa estatal volverá a operar en el aeropuerto local. Pero detrás de los festejos hay un acuerdo que merece una mirada más crítica.

El intendente De Rivas junto a autoridades y referentes de la ciudad durante el anuncio del retorno de los vuelos

La Municipalidad firmó un convenio con Aerolíneas Argentinas para garantizar la continuidad de los vuelos bajo un esquema particular: si la ocupación baja del 80 %, alguien debe pagar los asientos vacíos. En el acuerdo anterior, ese “alguien” fue el propio municipio. Según datos difundidos públicamente por Yvon Tessio, el tribuno de cuentas por la oposición, se llegó a destinar alrededor de 84 millones de pesos en apenas 45 días para cubrir unas 1.300 plazas sin ocupar en 2024. Es decir, dinero de los riocuartenses para sostener una empresa estatal que, en teoría, pertenece a todos los argentinos.

En esta nueva etapa, el intendente Guillermo de Rivas defendió el convenio señalando que “ahora ese costo lo va a afrontar la Provincia”. En principio, esto parece un alivio para las arcas municipales. Pero también abre nuevos interrogantes:

¿por qué el Estado provincial debería asumir el déficit operativo de una línea aérea nacional? ¿Y por qué una empresa pública necesita que los gobiernos locales o provinciales garanticen su rentabilidad para mantener vuelos en el interior del país?

Río Cuarto no es un caso aislado. En Merlo (San Luis) y Reconquista (Santa Fe) existen convenios similares. En Merlo, la provincia se comprometió a cubrir los costos cuando la ocupación no alcanza un determinado nivel, con el argumento de mantener la conectividad todo el año. En Reconquista, la Municipalidad incluso tuvo conflictos financieros cuando no pudo afrontar las compensaciones pactadas.

Estos antecedentes muestran que el llamado “Programa de Conectividad Sostenible” de Aerolíneas Argentinas es, en la práctica, un sistema donde los Estados locales deben garantizar el negocio que la aerolínea no puede sostener por sí sola.

En la práctica, el esquema traslada al interior del país la responsabilidad de garantizar la rentabilidad de los vuelos, mientras la empresa estatal aplica criterios distintos según el destino. Si Aerolíneas Argentinas es una empresa pública sostenida por todos, ¿no debería cumplir también una función social y de conectividad territorial, más allá de la rentabilidad inmediata? La lógica sería aprovechar las ganancias generadas por los vuelos "rentables" para sostener aquellas rutas que no lo son. O que la conducción de la empresa pública de aviación cree que no lo son.

El precedente que puede encender reclamos

El nuevo esquema introduce otra cuestión política. Si ahora la Provincia de Córdoba asume el costo del vuelo de Río Cuarto, el acuerdo sienta un precedente que podría extenderse a otras ciudades que podrían reclamar el mismo trato para contar con vuelos regulares de Aerolíneas Argentinas, como por ejemplo, Villa María.

Villa María es una ciudad con fuerte actividad económica, universitaria y cultural, pero sin vuelos regulares. Si el argumento es la “conectividad regional”, entonces la lógica del beneficio debería aplicarse a todo el territorio, no sólo a la ciudad que logró negociar primero.

El riesgo es que, bajo el discurso de la “sostenibilidad”, se instale una política desigual mediante la cual los municipios o provincias con más capacidad de gestión o mayor peso político puedan conseguir su vuelo y los demás quedan fuera del mapa aéreo. Y así, lo que se presenta como una política de integración termina reproduciendo la fragmentación que dice combatir.

La verdadera sostenibilidad no se mide por la ocupación de un avión, sino por la equidad en el acceso a la conectividad. Si Aerolíneas Argentinas es de todos, debería conectar a todos, no condicionar a los gobiernos locales con acuerdos que funcionan como una especie de “peaje aéreo” para garantizar lo que debería ser un derecho territorial básico.

Porque en definitiva, lo que está en juego no es sólo un vuelo. Es el sentido mismo de tener una aerolínea de bandera.