Planes sociales: Más de 900 mil beneficiarios dejarán de cobrar el pago directo y accederán a formación con vouchers

Casi un millón de beneficiarios dejarán de cobrar el plan como tal y pasarán a recibir vouchers educativos con formación certificada. El esquema abre un debate de fondo sobre asistencia, empleo y el impacto en las provincias.

Desde enero, el Gobierno nacional pondrá en marcha un giro profundo en su política social: los planes dejarán de funcionar únicamente como transferencias de ingresos y pasarán a reconvertirse en programas de capacitación laboral. La iniciativa comenzará con una prueba piloto el próximo 6 de enero y alcanzará a más de 900.000 personas que hoy perciben una asignación mensual de $78.000.

El programa es impulsado por el Ministerio de Capital Humano y apunta a los beneficiarios de Volver al Trabajo (VAT). En lugar del pago directo, los participantes recibirán vouchers educativos para acceder a formación certificada. En esta primera etapa, quienes sean seleccionados no perderán el ingreso mientras cursan las capacitaciones.

La estrategia forma parte de una reestructuración más amplia del sistema de asistencia social que conduce Sandra Pettovello. Entre las alternativas que se analizan aparece la unificación de distintas prestaciones, como la AUH, la asignación por embarazo, el Plan Mil Días y la Tarjeta Alimentar, en un esquema único denominado AUH Familiar.

Para avanzar en ese rediseño, el Ministerio trabaja en el desarrollo del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), una base de datos que permitirá identificar cuántas asignaciones recibe cada hogar. El objetivo oficial es evitar superposiciones, ordenar el gasto social y condicionar la ayuda estatal a procesos de formación y empleabilidad.

Desde una mirada federal, el impacto del plan genera interrogantes en las provincias. La efectividad de la reconversión dependerá de la oferta real de capacitaciones, del acceso en el interior del país y de la articulación con economías regionales que hoy no generan empleo formal suficiente. Sin infraestructura educativa y sin demanda laboral concreta, el riesgo es que la capacitación quede desconectada de la realidad productiva local.

El plan piloto abre así un debate clave: si se trata de una verdadera política de inclusión laboral o de un paso más en el ajuste del gasto social. En los próximos meses, gobernadores, intendentes y organizaciones sociales seguirán de cerca una medida que redefine el vínculo entre Estado, asistencia y trabajo.