Evalúan crear un Instituto Provincial de Vitivinicultura para proteger la calidad del vino tras la desregulación del INV

Tras la derogación de casi mil normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Gobierno de La Rioja analiza crear un organismo propio para sostener la calidad, la trazabilidad y el prestigio comercial de sus vinos. Bodegas y expertos alertan por el riesgo que enfrentan las economías regionales.

La Rioja avanza en la evaluación de un Instituto Provincial de Vitivinicultura, una medida que busca blindar la calidad, el prestigio y la trazabilidad del vino riojano frente al vacío regulatorio que dejó la reciente desregulación impulsada por el Gobierno nacional. La propuesta, elaborada por el Ministerio de Producción y Ambiente, será debatida con bodegas, instituciones académicas y especialistas antes de ser elevada al gobernador Ricardo Quintela.

La iniciativa surge luego de que la administración de Javier Milei y el economista Federico Sturzenegger eliminaran 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), una decisión que dejó al sector sin varios de sus marcos de control tradicionales. Para La Rioja —una provincia cuya economía regional depende fuertemente de la vitivinicultura— el tema no es menor: afecta identidad, mercados y competitividad internacional.

El ministro Ernesto Pérez fue contundente:

“La Rioja ha construido, durante décadas, un nombre propio en la vitivinicultura argentina. Nuestros vinos son embajadores de la provincia en el mundo, y debemos garantizar que sigan siendo sinónimo de calidad y origen”.

Según el funcionario, la desregulación nacional podría dejar a los productores sin control, certificación ni trazabilidad, tres pilares que exigen los mercados externos.

La preocupación no es solo provincial. Desde COVIAR, su presidente Mario González advirtió que “más de 900 disposiciones podrían modificar controles esenciales, como la trazabilidad y el registro del contenido alcohólico del vino” y consideró que el recorte normativo fue “excesivo”, generando un escenario de incertidumbre en toda la cadena productiva.

Este movimiento tensiona nuevamente el esquema federal: mientras Nación desarma estructuras históricas, las provincias deben evaluar si reconstruyen por cuenta propia los instrumentos que garantizan calidad y control, un costo operativo y político que recae sobre las economías regionales. La Rioja, cuyo vino depende del prestigio exportador y de la certificación técnica, ya tomó nota. El Instituto de Servicios Ambientales incorporó nuevas metodologías de análisis físico-químico y microbiológico, en lo que se interpreta como un paso previo al organismo provincial.

La creación de un Instituto Provincial podría marcar un precedente para otras jurisdicciones vitivinícolas que también evalúan resguardarse. En un contexto económico incierto, la provincia busca defender un sector que genera trabajo, arraigo y desarrollo.

“Defender nuestra producción es defender el trabajo riojano y la historia de nuestras bodegas”, afirmó Pérez.

Los próximos días serán clave para saber si La Rioja avanza hacia un modelo propio, o si Nación revisa su desregulación. Por ahora, la señal es clara: las provincias no están dispuestas a dejar su producción librada al mercado sin reglas.