Emergencia en Discapacidad: prestadores y familias exigen la implementación de la ley y fondos para sostener terapias

Psicólogos, psicopedagogas y docentes de apoyo denunciaron demoras de 3 a 12 meses en los pagos y aranceles desactualizados. Advirtieron que se cortan tratamientos y muchas familias deben recurrir a amparos.

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El reclamo se siente en todo el país: profesionales y familias salieron nuevamente a pedir que se implemente la Ley de Emergencia en Discapacidad y que se garanticen fondos para sostener tratamientos, medicación y apoyos escolares.

En el programa “A lo que vinimos”, Yanina Garis (psicóloga) y Georgina Maccio (psicopedagoga) describieron un escenario “desesperante” con demoras prolongadas, tarifas atrasadas y trámites que se vuelven un laberinto.

Según detallaron, muchos prestadores cobran con retrasos que van de tres meses hasta un año, con valores de nomenclador que no se actualizan desde diciembre de 2024. En el caso de las docentes de apoyo a la inclusión, mencionaron honorarios de entre $7.000 y $9.000 por hora abonados a 90 días o más, lo que vuelve inviable sostener las prestaciones en escuelas y genera discontinuidades para los chicos.

El impacto golpea también a las familias: interrupción de terapias, falta de acceso a medicación y un fuerte desgaste emocional por trámites y auditorías.

“Hay papás que terminan presentando amparos —explicaron— y la Defensoría del Pueblo suele acompañar sin costo, pero todo el proceso suma estrés en situaciones ya muy sensibles”.

Desde el interior, remarcaron, las barreras se multiplican: viajes a capital para destrabar autorizaciones, tiempos inciertos y profesionales que deben asumir horas extra no reconocidas (informes, coordinación con escuelas y neurólogos, planificación).

“Trabajamos por vocación, pero la incertidumbre nos obliga a buscar otros ingresos”, señalaron.

Pese a la crisis, el sector se organiza: este sábado por la mañana habrá una jornada de neurodesarrollo en el Colegio Médico, abierta a profesionales y familias, armada “a pulmón” con apoyo de la comunidad.

El pedido vuelve a ser claro y básico: que la ley se aplique, que haya previsibilidad en los aumentos y que los pagos lleguen a tiempo. Porque detrás de cada sesión, hay un niño, una adolescente o un adulto que no puede esperar.