El gobierno bajó hasta dos puntos las retenciones al agro y el interior productivo advierte que la medida es insuficiente

El Ejecutivo anunció una reducción en las alícuotas de soja, maíz, trigo y girasol. Mientras Caputo, Bornoroni y Adorni celebraron la medida como “alivio fiscal”, productores del interior reclaman un cronograma claro hacia la eliminación total y advierten que el impacto real será desigual según la provincia.

El Gobierno nacional anunció una nueva reducción de derechos de exportación para las principales cadenas granarias. La decisión, comunicada por el ministro Luis Caputo en X, baja entre uno y dos puntos las alícuotas que pagan soja, maíz, trigo, girasol y sus subproductos. Según el funcionario, la medida es “un paso más hacia el alivio fiscal permanente” y forma parte del camino para eliminar las retenciones “lo antes posible, en la medida que las condiciones macroeconómicas lo permitan”.

El ministro detalló que la soja pasará de tributar 26% a 24%, los subproductos bajarán de 24,5% a 22,5%, y granos como trigo, cebada, maíz, sorgo y girasol también recibirán una reducción.

Para Caputo, esto “mejorará la competitividad de la agroindustria”, un sector que concentra casi el 60% de las exportaciones argentinas.

El presidente de Diputados, Gabriel Bornoroni, amplificó el mensaje celebrando que Javier Milei “es el Presidente que más ha bajado las retenciones”, mientras que el vocero Manuel Adorni insistió en que la política fiscal del Gobierno se orienta a bajar impuestos “siempre respetando el equilibrio fiscal”. El discurso oficial plantea un horizonte optimista:

“Muy pronto las retenciones serán solo un recuerdo del pasado”, afirmó Bornoroni.

Sin embargo, en el interior productivo la lectura es más cautelosa. Las economías regionales —que dependen de costos logísticos altos, infraestructura rezagada y cadenas de valor más frágiles que la pampa húmeda— señalan que la baja es insuficiente para equilibrar competitividad. En provincias como Chaco, Santiago del Estero, Corrientes o Misiones, los productores reclaman previsibilidad, señalando que el alivio real dependerá de un programa integral que incluya transporte, financiamiento, tipo de cambio y tarifas.

El debate vuelve a exponer la brecha histórica entre la lógica fiscal del Estado nacional y la necesidad de desarrollo federal. Mientras el Gobierno celebra un gesto tributario que beneficia especialmente a grandes complejos exportadores, en el interior profundo crece la demanda de una hoja de ruta concreta y estable hacia la eliminación total, sin quedar a merced de las “condiciones macroeconómicas”.

De aquí en adelante, la disputa política será central. El oficialismo buscará instalar la baja como símbolo de la “liberación productiva”, mientras que gobernadores y entidades rurales exigirán certidumbre, impacto real y equidad territorial. La pregunta es si este recorte tributario será recordado como un punto de inflexión o apenas como un movimiento incremental en un país que discute las retenciones desde hace más de dos décadas.