Diputados rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados dejó sin efecto este miércoles el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

---

La norma había sido aprobada en julio con amplio consenso, pero fue vetada a comienzos de agosto por el Poder Ejecutivo. Entre sus puntos centrales, contempla la actualización de aranceles a prestadores de servicios, el pago de deudas acumuladas con el sector, la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y el fortalecimiento de talleres protegidos y centros de día. También prevé auditorías sobre las pensiones vigentes y la declaración de la emergencia en el área por dos años.

Durante la sesión, organizaciones sociales, familias y personas con discapacidad se manifestaron frente al Congreso para exigir la sanción definitiva de la medida. Denunciaron demoras en la entrega de medicamentos, retrasos en los pagos a prestadores y recortes en la cobertura de terapias y apoyos básicos.

El oficialismo cuestionó la viabilidad financiera del proyecto y advirtió sobre el riesgo de que comprometa recursos de otras áreas. El costo de la ley, sin embargo, fue estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en apenas entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, un porcentaje que la oposición consideró razonable frente a la magnitud de las necesidades del sector.

Antes del inicio del debate, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado que el Gobierno analizaba un aumento en las prestaciones para discapacidad, aunque sin detallar mecanismos concretos. El anuncio no alcanzó para modificar la estrategia opositora ni impedir que avanzara el rechazo al veto.

Con la decisión de Diputados, el futuro de la norma queda ahora en manos del Senado. En caso de que la Cámara alta también logre reunir los dos tercios necesarios, la Ley de Emergencia en Discapacidad quedará ratificada. Desde el Ejecutivo, en tanto, no descartan acudir a la vía judicial para intentar frenar su implementación.