Difundieron la foto de “Pequeño J”, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, un joven de 20 años de nacionalidad peruana, fue identificado como el presunto autor intelectual del brutal asesinato de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). La principal hipótesis sostiene que el crimen fue ejecutado por sicarios contratados por este líder narco, en represalia por un supuesto robo de dinero y droga.

Pero más allá del espanto del hecho puntual, la historia revela cómo operan las lógicas del crimen organizado en contextos donde el Estado se presenta fragmentado o ausente.

Un femicidio con sello narco: la violencia como mensaje

Los investigadores afirman que “Pequeño J” no solo ordenó los asesinatos, sino que también habría orquestado su transmisión en vivo por redes sociales, con el objetivo de dejar un mensaje de control, miedo y castigo. Una modalidad cada vez más frecuente en organizaciones criminales que sustituyen el poder del Estado con sus propias reglas.

Este tipo de violencia extrema , que en otras épocas parecía propia de países como México o Colombia, ya no es una excepción en la Argentina.

Un país sin fronteras para el crimen, con límites para la justicia

La captura en Bolivia de Lázaro Víctor Sotacuro, otro de los sospechosos del triple femicidio, demuestra que las organizaciones criminales operan con redes internacionales fluidas, mientras que la Justicia y las fuerzas de seguridad enfrentan límites burocráticos, políticos y logísticos. El operativo requirió una coordinación compleja entre fuerzas argentinas y bolivianas, que llegó tarde: el crimen ya estaba consumado.

En este contexto, la frontera norte vuelve a estar en el centro del debate: no como una línea geográfica, sino como una zona gris donde se cruzan el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y la ausencia de una política de seguridad y desarrollo humano.

Florencio Varela, Rosario, el NOA: distintos mapas, el mismo patrón

El caso de “Pequeño J” es un ejemplo más de cómo las redes del crimen organizado se adaptan al mapa de la desigualdad argentina. Se instalan en barrios empobrecidos, aprovechan la falta de presencia estatal efectiva, ofrecen trabajo y “protección” a jóvenes sin horizonte, y operan con impunidad en un sistema que persigue a los eslabones bajos pero raramente llega a los responsables reales.

Florencio Varela no es una excepción. Tampoco lo son Rosario, el Bajo Flores, Villa Soldati, las villas del Gran Córdoba, o barrios del Gran Tucumán, el Chaco o el norte de Salta. En todos esos territorios el narco no solo vende drogas: vende orden, vende miedo y vende futuro.

¿Un hecho policial o un síntoma nacional?

Mientras las fuerzas de seguridad buscan al presunto asesino con una orden de captura internacional, la raíz del problema sigue intacta. Sin una estrategia que combine seguridad, urbanismo, inclusión social y prevención, el país continuará siendo territorio de disputa entre el Estado y el crimen organizado.

Y en esa disputa, las primeras en caer, otra vez, fueron tres jóvenes mujeres de los márgenes. No es casualidad. Es un patrón.