Caso Solange Musse: recta final del juicio en Córdoba con nuevos testimonios y polémicas

En la mañana de este jueves se desarrolló una nueva audiencia en los tribunales de Córdoba en el marco del juicio por el caso Solange Musse, la joven que falleció de cáncer en agosto de 2020 sin poder despedirse de su padre, a quien se le negó el ingreso a la provincia en un control sanitario de Huinca Renancó, en el límite con La Pampa.

---

Durante la jornada declararon nuevos testigos, entre ellos efectivos policiales y personal que participó de los operativos en aquel puesto de control. En la audiencia previa habían expuesto autoridades del ámbito de la salud y la seguridad provincial, quienes defendieron las medidas adoptadas en el marco de los protocolos vigentes en ese momento.

La defensa volvió a poner el foco en las responsabilidades asignadas a los dos imputados: el médico José Fernando Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó y referente del COE local, y la trabajadora social Analía Morales, integrante del hospital de Río Cuarto.

El abogado de Morales, Osvaldo Narcisi, sostuvo ante la prensa que su clienta “nunca estuvo en Huinca Renancó ni en el puesto sanitario”, y que su labor se limitaba a tareas administrativas y epidemiológicas en el Centro Cívico de Río Cuarto. “No tuvo poder de decisión, ni vínculo con aquel operativo. Su imputación es un error de la investigación”, señaló.

Narcisi también cuestionó la actuación del fiscal de instrucción de Huinca Renancó, al remarcar que la pesquisa inicial tuvo “falencias” y que no profundizó en el rol que cumplió el COE central. “Hubo testimonios que mencionaron pedidos de informes que nunca se incorporaron al expediente”, añadió.

En el caso del doctor Andrada, la defensa enfatizó que si bien formaba parte del COE en esa localidad, no se encontraba en el puesto el día del episodio, el 16 de agosto de 2020.

Con las últimas declaraciones en curso, se prevé que el próximo lunes se realicen los alegatos tanto de las defensas como del fiscal de Cámara, Alejandro Rivero. Luego, el jurado popular deberá definir la responsabilidad o no de los acusados en un caso que marcó un fuerte debate social y político en plena pandemia.

El juicio busca determinar si existió incumplimiento de deberes de funcionario público y si las restricciones aplicadas por el COE derivaron en una vulneración de derechos, tras el hecho que conmovió a todo el país y que aún hoy sigue generando reclamos de justicia.