Córdoba: confirman procesamientos en la Fuerza Aérea por hostigar a una cadete que denunció un abuso sexual

La Cámara Federal de Córdoba ratificó la acusación contra cinco autoridades y profesionales de la Fuerza Aérea por hostigamiento y obstrucción a la víctima. El fallo remarca la obligación de aplicar perspectiva de género.

La Sala B de la Cámara Federal de Córdoba confirmó los procesamientos de cinco integrantes de la Escuela de Aviación Militar (EAM) acusados de “abuso de autoridad militar” en el marco de un caso atravesado por violencia de género. La decisión, fechada el 11 de septiembre y firmada por los jueces Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro, rechazó las apelaciones de las defensas y dejó firme la resolución dictada en primera instancia el 11 de marzo de 2025 por el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba.

Los imputados son Cristina Malpartida (jefa del Escuadrón Sanidad), Julieta del Valle Romero (médica), Andrea Cecilia Berra (psicóloga), Luis Ramiro Carranza Torres (vicecomodoro, jefe del Departamento Jurídico) y Gerardo Ulises Moreno (instructor).

Qué se investiga

El expediente se originó a partir de la denuncia de María (nombre reservado), cadete de la EAM en 2019, quien relató haber sido víctima de un abuso sexual por parte de dos compañeros el 19 de mayo de ese año. Si bien esa causa se tramitó en paralelo —con un condenado y otro imputado que se suicidó antes del juicio—, esta investigación se enfocó en la reacción institucional.

Según la acusación, en lugar de acompañar a la joven, las autoridades de la EAM habrían intentado disuadirla y hostigarla. Entre las conductas señaladas figuran interrogatorios reiterados y revictimizantes, presiones para que desistiera de la denuncia, demora en la derivación médica posviolación y sanciones disciplinarias posteriores. Testimonios de pares y padres, registros de actas y un informe de la DOVIC confirmaron esas irregularidades.

Perspectiva de género

El fallo de Cámara subrayó que la violencia de género constituye una violación de derechos humanos y que el Estado debe investigarla con “debida diligencia reforzada”. En esa línea, el tribunal protegió el testimonio de la víctima frente a estereotipos y destacó la amplitud probatoria en estos casos.

Para los jueces, los hechos encuadran prima facie en abuso de autoridad militar, al tratarse de hostigamiento y obstrucción ejercidos desde la cadena de mando contra una subordinada que activó mecanismos de denuncia y atención sanitaria.

Próximos pasos

La resolución confirmó íntegramente los procesamientos y ordenó enviar copia del fallo al jefe de la Escuela de Aviación Militar, señalando que en la actuación administrativa “no habría primado una perspectiva de género”.

El fallo marca un precedente sobre cómo deben responder las instituciones militares frente a denuncias graves de violencia de género: priorizando la protección de la víctima y no su revictimización.