El proyecto de ley de Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto y la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocida como Plan de los 1.000 días, ingresaron a la Cámara de Diputados, inmediatamente después del anuncio del presidente Alberto Fernández de su envío al Congreso.

El presidente Alberto Fernández afirmó, al anunciar el envío al Congreso de ambos proyectos en un mensaje que se difundió a través de las redes sociales, que “es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo”.

Ambos proyectos, que buscan garantizar el cuidado integral de las personas gestantes durante el embarazo y legalizar el aborto para aquellas que quieran no continuar con el mismo, habían sido un compromiso de gestión, que formaron parte de su primer discurso ante el Congreso Nacional en marzo pasado, antes que llegara la pandemia de coronavirus.

“He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. El segundo, instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida”, explicó el presidente durante el anuncio.

Así, a partir de ahora la Cámara de Diputados se prepara para debatir la legalización del aborto, un proyecto que desembarca por novena vez en el Congreso Nacional, esta vez impulsada por el Gobierno y luego de años de idas y vueltas legislativas que no lograron modificar el encuadre legal de la interrupción del embarazo, establecido en 1921 en el Código Penal.

El último proyecto, aprobado en el 2018 por la Cámara de Diputados pero rechazado por el Senado, fue promovido por la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, un espacio federal compuesto por numerosas organizaciones, que tuvo su puntapié inicial en el país en el 2003 en el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM).

La iniciativa del Poder Ejecutivo llegó pasadas las 18 al Congreso junto a otra propuesta, el Plan de los 1000 días, que apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños y niñas de hasta 2 años y está basado en un esquema que rige en San Juan desde 2016.

Con este envío, el Gobierno materializa lo anunciado por el presidente Alberto Fernández en la campaña electoral del año pasado y en su discurso del 1 de marzo último, ante la Asamblea Legislativa.

La decisión ya había sido anticipada la semana pasada por la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, cuando confirmó que el Poder Ejecutivo giraría los proyectos este mes para que fueran tratados en sesiones extraordinarias.

A partir de esa confirmación, las diputadas que se identifican como verdes -el color que utiliza la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito- y como celestes, las ligadas a las organizaciones autodenominadas “pro vida”, ya hicieron las primeras proyecciones sobre cómo sería la votación en la cámara baja.

La iniciativa de interrupción voluntaria del embarazo divide las aguas en el Congreso sin importar la pertenencia política de cada legislador, aunque está claro que el Frente de Todos tiene mayor cantidad de diputados verdes y Juntos por el Cambio, de celestes.

La intención del oficialismo es, por un lado, “seguir ajustando los números” y, por otro, evitar las confrontaciones que se produjeron en 2018, cuando los legisladores sufrieron escraches por la posición que asumieron con respecto a la iniciativa.

Esta vez, el proyecto será analizado -a diferencia del 2018- en las comisiones de Mujeres y Diversidad, creada en diciembre último y que se constituirá en cabecera del debate; la de Legislación Penal y la de Salud, todas presididas por legisladores del oficialismo que respaldan el texto: Mónica Macha, Carolina Gaillard y Pablo Yedlin, respectivamente.

Ante el panorama de paridad, los diputados tanto del oficialismo como de la oposición identificados como ‘verdes’ ya se preparan para el debate y confirmaron que hasta el momento hay 129 legisladores a favor de la legalización -como ocurrió en 2018- y 116, en contra.

Esos mismos números manejan los legisladores ‘celestes’ y, por eso, resulta central, según confiaron a Télam desde ambos sectores, convencer a los once legisladores que aún permanecen indecisos, en su mayoría pertenecientes al FdT.

Las características especiales del contexto de la pandemia y la realización de sesiones mixtas, es decir con legisladores presentes y otros conectados virtualmente, tiene un especial condimento en esta oportunidad, ya que la conectividad podría complicar la sesión.

Por ello, los denominados ‘verdes’ necesitan garantizarse el respaldo de algunos indecisos más para no tener dificultades a la hora de la votación del texto.

Si bien las iniciativas más conocidas que buscaron ingresar al recinto antes del debate de 2018 fueron impulsadas por la Campaña Nacional, el primer anteproyecto sobre aborto y anticoncepción introducido al Congreso fue presentado por la Comisión por el Derecho al Aborto en 1992.

Fue redactado por integrantes de la organización y presentado por la diputada radical Florentina Gómez Miranda, histórica defensora de los derechos de la mujer. Ese día se realizó un acto frente a la confitería El Molino con la participación del también ya fallecido diputado Alfredo Bravo y las legisladoras María José Lubertino y Gabriela Gonzalez Gass.

Sin embargo, el primer proyecto de ley para la despenalización y la legalización ingresó al Parlamento en 2007 y se reiteró en 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2019, cada vez con un número mayor de diputados y diputadas firmantes.

Pese a ello, hasta ahora, la presentación de propuestas en el Congreso no garantizó que esas iniciativas lograran ser discutidas en comisión o en los recintos de las cámaras, por lo que esos intentos perdieron estado parlamentario y naufragaron.

En el proceso, el texto fue actualizado y revisado en numerosos foros organizados por la Campaña, a la luz de los avances que se fueron sucediendo, como la Guía Técnica para Abortos no Punibles, el fallo FAL, la reforma del Código Civil y la Ley de Identidad de Género.