En noviembre, la instructora de la investigación interna sugirió sumariar al ex decano de Ingeniería Diego Moitre, su ex vicedecano, Carlos Bortis, y el docente de Ingeniería Esteban Carranza. El tema ingresó a la Comisión de Interpretación y Reglamento desde donde volverá  para su tratamiento en el plenario de mañana. El ex decano Jorge Barral denunció en abril de 2008 irregularidades por casi cuatro millones de pesos.

 
PRENSA UNRC – En su sesión de mañana, el Consejo Superior podría definir si se inicia o no el sumario administrativo por la denuncia de irregularidades en protocolos gestados por la Fundación UNRC para investigaciones destinadas a la CONAE , medida que recaería sobre  el ex decano de Ingeniería Diego Moitre, su ex vicedecano, Carlos Bortis, y el docente de Ingeniería Esteban Carranza.
A ellos les cabría la calidad de sumariados, en caso de haber coincidencia con lo solicitado por la instructora sumariante al finalizar la investigación interna, que dispuso el Consejo Superior hace trece meses, tendiente a esclarecer los hechos denunciados por el ex decano de Ingeniería Jorge Barral -quien entonces era candidato a vicerrector, en la fórmula que encabezaba Héctor Agnelli- referidos a la existencia de un presunto marco de ilegalidad vinculado a proyectos de desarrollo e investigación de la Facultad de Ingeniería y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
El tema fue tratado por última en el Consejo Superior el pasado 25 de noviembre, oportunidad en la que a propuesta del rector Oscar Spada se dispuso su envío, primero, a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNRC y, luego, a la Comisión de Interpretación y Reglamento de este cuerpo colegiado.
La abogada María Ester Bustos de Mainardi, jefa del Departamento de Sumarios, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta casa de altos estudios, en su calidad de instructora de la investigación sumaria dispuesta el 1º de abril de 2008, se expidió a través del informe número 719.
Solicitó que se disponga la iniciación de un sumario administrativo. Y lo hizo en los siguientes términos: «… entiende la instrucción que se dan todos los presupuestos necesarios para solicitar la promoción de un sumario administrativo que permita recepcionar las declaraciones de los ingenieros Carlos Bortis, Diego Carlos Alberto Moitre y Esteban Carranza, como sumariados, siempre que, salvo mejor criterio de ese órgano de conducción se disponga la apertura del sumario administrativo por las responsabilidades funcionales, administrativas disciplinarias y patrimoniales, que del accionar de los mencionados pudieran surgir con motivo de esa denuncia. Así me expido».
El escrito tiene seis páginas. En sus últimas dos están los nueve párrafos dedicados a las conclusiones a las que llegó la abogada Bustos de Mainardi.
Se menciona que hay  una falta de transparencia y apego a las normas. Y, si bien se indica que no se visualiza exactamente prima facie una «ilegalidad», se apunta que «sí una cadena de hechos que pueden presuntamente calificarse como irregularidades que podrían conducir o no, aisladas o en su conjunto, a un accionar viciado en su legalidad».
También la sumariante dice haber encontrado cuestiones de alto significado que «son motivo harto suficiente como para ameritar un estudio más concienzudo y meticuloso del tema», al tiempo que asegura: «Existe un sinnúmero de circunstancias y hechos que aparecen sin clarificar en esta etapa y que configuran presuntas irregularidades».
 
Más de la investigación sumaria

La sumariante descubrió «una serie de imprecisiones acompañadas de un manifiesto desapego a las normas institucionales»; «cifras que no concuerdan en valores que no son menores; nóminas de personas que figuran como formando parte de los proyectos, pero que no están como integrantes y otros que sin figurar en los listados aparecen en las planillas de cobro» y «Haber modificado el lugar físico de la realización de los trabajos».
Se indican cinco testimoniales de: Francisco Martín Escobar, quien expuso que había participado en los nueve proyectos, que renunció en marzo y que estaba cobrando 1.950 pesos, a lo que agregó que inicialmente trabajaron en la UNRC luego se trasladaron a Florencio Sánchez 600, porque organizativamente era mejor; Fernando Corteggiano, que dijo cobrar 900 pesos por mes; Juan Alberto Duriguti dijo que en un principio cobraba 800 pesos y luego entre 1.000 y 1.300 pesos y agregó que durante el primer mes se trabajó en la Universidad , pero luego en razón de que el grupo se había hecho muy grande decidieron que los trabajos se hicieran afuera; Cristian Senyk, dijo que sus honorarios oscilaban entre 2.500 y 5.000 pesos; y Juan Zangla, que dijo haber participado en calidad de programador de software y haber percibido entre 800 y 1.700 pesos por su tarea.
Según el dictamen dado a conocer el martes 25 de noviembre, Héctor Esteban Carranza dijo haber participado en las actividades atinentes a los convenios que generaron los nueve protocolos de investigación y que era el representante técnico entre la Fundación y la CONAE , habiendo realizado los contactos destinados a la organización técnica preliminar para dar lugar a la celebración de los convenios. Admitió haber recibido durante los meses de ejecución de los proyectos montos mensuales variables, que en promedio serían unos 5.500 pesos.
Carlos Bortis dijo no haber integrado el grupo de trabajo y no tener ninguna responsabilidad. Y que los contactos se hicieron desde la Fundación , estableciendo una relación Estado- Estado y no servicios a terceros. Reiteró no haber recibido ningún cobro.
Diego Moitre reconoció haber suscripto en su condición de decano los nueve convenios y sus respectivos protocolos. Y dijo que por no ser su área profesional no había participado de los trabajos.
 
Los hechos

El 1º de abril de 2008, en la última sesión ordinaria del Consejo Superior de la UNRC , antes de la renovación de la totalidad de sus miembros, Jorge Barral, el ex decano de transición de Ingeniería -asumió a fines de enero de 2008 en reemplazo de Diego Moitre, quien renunció a su cargo luego de ser imputado por la Justicia Federal en el marco de la causa por las explosiones en la planta piloto- denunció la existencia de nueve protocolos de trabajo firmados por la anterior conducción de esa unidad académica y dijo que estarían viciados de irregularidades. Incluirían trabajos de investigación y desarrollo por 3.877.000 pesos para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), los cuales se habrían canalizado a través de la Fundación de la UNRC.
El denunciante indicó que para la realización de esos trabajos, la Fundación acordó nueve protocolos de trabajo con la Facultad de Ingeniería y otros tantos convenios específicos de colaboración con la CONAE.
Todos los protocolos de trabajo entre la Facultad de Ingeniería y la Fundación , tienen fecha del 28 de junio de 2007 y fueron firmados por Diego Moitre en calidad de decano de la Facultad y de su vicedecano Carlos Bortis, como presidente de la Fundación. En ninguno figuraban los montos que la Facultad iría a recibir, en cambio sí quedaba establecido cuánto le correspondería a la Fundación en los convenios específicos de colaboración con la CONAE.
En esos documentos se sindica como responsable de la conducción de los protocolos al ingeniero Esteban Carranza.
La Fundación, a través de la Facultad de Ingeniería de la UNRC y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales se comprometen a realizar actividades conjuntas destinadas a consecución de cada uno de los proyectos.
En los protocolos se puede leer: «La Facultad de Ingeniería, como unidad ejecutora, a través de la Fundación , pone a disposición  su equipamiento y laboratorios, como también el conocimiento y capacidad técnica de sus investigadores»,  «La CONAE pagará a la Fundación por la ejecución del plan de trabajo, lo estipulado en el convenio específico a tal fin firmado oportunamente entre la CONAE y la FUNARC » y  «La vigencia será de nueve meses a partir de la percepción de la suma mencionada».
Para cada uno de los trabajos hay aparte un convenio específico de colaboración entre la entre la CONAE y la Fundación. Allí se indica que la CONAE encomienda a la Fundación la ejecución del proyecto de que se trate y ésta acepta realizarlo por intermedio de la Facultad de Ingeniería de la UNRC. 
» La FUNARC , en su carácter de unidad de vinculación tecnológica, se obliga a desenvolverse en los términos y condiciones establecidas en la Ley 23.877, auditando y gestionando la administración del proyecto. Por el cumplimiento de las tareas asignadas, la CONAE acuerda reconocer a favor de la FUNARC un arancel del 5 por ciento sobre los fondos aportados en efectivo por la CONAE», se lee en esos convenios específicos
También se indica: «El trabajo, toda información, patente, invención tecnología  y mejora será de propiedad de la CONAE… Sin prejuicio de ello, la CONAE permite el uso de la información no confidencial por parte de la UNRC exclusivamente con fines académicos y educativos».
En cada caso aparece un listado con nombres de 29 personas, especialidad y sueldos.