Por Guillermo Geremía – «El Estado pudo haber evitado llegar a esta situación, si imponía su poder de veto a través del Presidente cuando se registraban errores u «horrores» empresariales. Todo lo contrario. El ex Intendente Rins dejó hacer e incluso amparó la consolidación del poder gremial en Gamsur que obliga a destinar prácticamente la totalidad de los recursos al pago de salarios…».
Desde que el 14 de agosto de 2008 dos toneladas de basura fueron depositadas en el Pasaje de la Concepción , el Intendente Juan Jure no ha tenido superior problema que el de la basura. Y eso que ha padecido una sucesión de inconvenientes durante el primer año aún no cumplido de gestión. Aquel frío jueves del segundo mes de su recién iniciado mandato fue toda una señal. Frente al Palacio de Mójica, los inexplicablemente enardecidos recolectores de residuos depositaron dos montañas de desechos que no eran porquería solamente. Figuradamente representaban el acumulado de problemas que la gestión de su antecesor le dejó y los propios que después fue sumando a lo largo de estos diez meses que lleva sentado en el sillón municipal.
A la mayoría de esas dificultades, Jure las ha ido corriendo desde atrás sometido a una dinámica de acontecimientos que no maneja sino que lo manejan.
Pero el pasado viernes parece haber tomado la iniciativa para cambiar esa lógica. Su entrada a las instalaciones de la empresa mixta Gamsur es en ese orden un acontecimiento iniciático. Es cierto debió apelar a ese gesto, que tiene mucho de emblemático y poco de concreto, obligado por la ausencia simultánea de insumos y propietarios privados -o viceversa- de la empresa mixta que garantizasen la continuidad de la prestación del servicio de higiene urbana. Única política que tiene exclusivamente 48 horas de tolerancia en el humor de la gente, el tiempo en que tarda en acumularse la basura en los cincuenta mil hogares riocuartenses. Pero, también es enteramente verdadero que la acción del máximo jefe político de Río Cuarto pateó el tablero de un interminable partida de ajedrez disputada sobre las toneladas de basura que se recogen a diario en la ciudad.
En ese arriesgado juego, los empresarios movían una pieza, el Municipio otra y el gremio la siguiente. También se metieron a jugar el Tribunal de Cuentas y últimamente la interna partidaria de quienes aquí y en Córdoba capital gobiernan y son oposición en la provincia.
Jure decidió dar por terminada la partida y le devolvió al Estado el rol protagónico que nunca debió haber abandonado como socio y palabra con poder de veto en la última mixta que queda del pasado reciente.
La reacción de los empresarios no se hizo esperar. Primero ningunearon la acción y la calificaron de «visita oficial», luego anunciaron la posibilidad de apelar al camino judicial para cobrar la deuda por mayores costos y por ultimo avisaron que los directores de una Sociedad deben actuar en defensa de ella y sino se hacen responsables «civil, comercial y penalmente». En otras palabras advierten que no pueden los representantes del sector público tomar decisiones que afecten a la empresa, por más que los beneficios de esas acciones sean para la propia Municipalidad o un tercero (léase CRESE).
Es aquí donde el proyecto nacido desde la concepción de desarrollo local del ex intendente Alberto Cantero se encontró inevitablemente con dos caminos que van en sentido divergente. No son compatibles el afán de lucro de los empresarios con la necesidad del Estado en prestar al menor costo posible un servicio indispensable para garantizar la higiene y salud pública de una comunidad. Esto se disimuló con plata cuando las arcas municipales lo permitían. Hoy que el rojo de las cuentas fiscales obliga ajustar los fondos girados a la empresa, los intereses públicos y privados se manifiestan contrapuestos.
El Estado pudo haber evitado llegar a esta situación, si imponía su poder de veto a través del Presidente cuando se registraban errores u «horrores» empresariales. Todo lo contrario. El ex Intendente Antonio Rins dejó hacer e incluso amparó la consolidación del poder gremial en Gamsur que obliga a destinar prácticamente la totalidad de los recursos al pago de salarios. No está mal que los trabajadores defiendan sus derechos. Lo que no se puede aceptar es que en ese afán la empresa colapse como unidad económica. Y eso terminó ocurriendo. No va a la quiebra porque está el Estado como socio y porque su servicio es indispensable. Pero con la actual ecuación económica es inviable.
¿Cómo hará entonces Jure para conducir con mano firme el volante que acaba de tomar?. Ese por ahora es un interrogante sin respuesta. Cuando le tocó correr desde atrás al camión de la basura no dio claras señales de querer alcanzarlo. Por eso tardó casi nueve meses en asumir este nuevo rol. En ese recorrido aprobaron en el Concejo Deliberante una nueva fórmula que al menos permite una triple interpretación de los mayores costos, que para los empresarios son $12,6 millones de pesos, para la Municipalidad $ 7.5 millones y por lo que ha trascendido extraoficialmente del Tribunal de Cuentas, la auditoría determinaría entre 4 y 5 millones de pesos. La diferencia no es de monedas, sobre todo para un municipio que tiene un déficit mensual de $1.5 millones de pesos.
Lo sorprendente de este anárquico ida y vuelta entre la política y los empresarios es que el servicio se siguió cumpliendo con regular calidad y frecuencia. Pero nada es para siempre. Jure lo sabe ahora que dejó de correr el camión cargado con despojos y lo maneja.