”El tema de la Justicia es un laberinto. Quienes han tenido la suerte excepcional de vivir lejos de ella no han sufrido sus malos tratos o mordiscos de piraña” (M. Aguinis)
Los adultos no escarmentamos. Continuamos proyectando en los menores adolescentes y niños, nuestros propios quebrantos y errores tanto como padres educadores o como agentes sociales. Nuestra siguiente generación es admirable. Pero no basta.
Quieren ser los más admirables, como la nueva generación “Einstein”, preparados para dirigir y para ser los nuevos cerebros del mundo. Y son susceptibles como pocos. Porque son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales: Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque un adulto y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Se los victimiza en demasía y los transformamos en victimarios de cuidado. Aún los ajenos y demonizados.. Estoy hablando de los argumentos que esgrimen algunas posturas sobre bajar la edad de imputabilidad. “Los fanáticos de ambos bandos apedrean su orquesta. Pero la esperanza de Argentina confía en su batuta y en su palabra. Daniel Bareimbom nunca desafinó”, al decir de Peicovich. ¿Por qué no bajar la edad de punibilidad a 14 años? Porque sería regresivo: En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de “no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y solo se puede avanzar en dicha cobertura”. Volvemos siempre al mito del eterno retorno, del que ya nos empezamos a acostumbrar al escuchar los discursos de los últimos tiempos. Para que sirve el pasado si ya fue. Hay otras complejidades, que tienen que ser abordadas desde otras perspectivas, tal como lo ha hecho Colombia, puntualmente en Medellín, que bajó a un 20 % la violencia adolescente e infantil urbana, con una política de Estado donde la Educación y la contención fueron las vedettes. ¿Como era? basta solo ver la película “La virgen de los sicarios”. Según la investigadora en criminalísticas, Dra. Cesaroni quien se fundamenta en el Dr. Eugenio Zaffaroni, refiere a“el Código Penal sancionado en 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16 años, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394)”. El gobierno militar, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278). En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad establecida por los militares no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes. Pareciera que el único objetivo es el castigo, cuando todos sabemos que existen excelentes proyectos que deben ser debatidos en nuestro parlamento. ¿Qué nos dice la Constitución? El mandato constitucional establece que el “sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad”. Sin embargo, la discusión de estos proyectos, luego de un hecho grave que involucró a un adolescente de 14 años, revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato, y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada a ese joven, lo que es falso. Las garantías las debemos tener todas las personas de todas las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Porque no se trata de sancionar más leyes, sino de cumplir las que ya existen: La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, la mitad de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten. Porque la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima: Diputados y diputadas, senadores y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes, según una investigación de UNICEF, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Si el estado no es capaz de controlar las instituciones de encierro que hoy tiene, mucho menos podrá controlar las que piensa crear: Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas violentas y/o dudosas durante 2008, según los registros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos). El sistema penal es discriminatorio, selectivo, estigmatizante: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes. Los adultos tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestras decisiones, no solo de las que tomamos individualmente, sino de lo que avalamos, aceptamos o consentimos como sociedad.
LIC ELENA FARAH