El concejal Eduardo Scoppa lanzó con el respaldo de militantes de su partido una sorprendente respuesta a la consulta periodística sobre la presunta incompatibilidad entre su rol de concejal y su función de proveedor de la empresa con acciones estatales que controló y cuestionó. Scoppa habla de operaciones por una pregunta que debería responder sin condicionamientos ni actitudes que lo victimicen.
Por Pablo Callejón (pjcallejon@yahoo.com.ar ) ¿Es válido preguntase si un concejal que debe custodiar a una empresa con capital estatal sea al mismo tiempo proveedor y acreedor de la misma? ¿No resulta lógico consultar si esa doble función esta restringida por la legislación vigente? ¿Por qué se debería silenciar el planteo? ¿Invalida la consulta periodística que la duda haya surgido de un bloque político?
Eduardo Scoppa, el concejal de la Coalición Cívica que propone revelar «la ciudad oculta» no se preocupó por responder los interrogantes. Se victimizó y acusó de operación política orquestada por el oficialismo la duda legítima de los periodistas que se ocuparon del tema.
En un documento a favor del ex candidato a intendente que firman la diputada nacional Griselda Baldatta, dirigentes y operadores políticos de la Coalición, y hasta el gremialista Angel Ludueña, se advierte que el tratamiento del tema es un presunto «desvío en la atención» para afectar a un dirigente que solo quiere «la transparencia de los fondos públicos». ¿No es un aporte a la transparencia conocer si existió una anomalía en su rol de concejal?
No le importó a Scoppa que los mismos periodistas que se preguntaron sobre la presunta incompatibilidad nunca hayan dejado de informar los vaivenes políticos, la incertidumbre y los traspies del oficialismo en la situación de Gamsur. Tampoco le importó que hayan sido los mismos periodistas que siguieron de cerca la investigación judicial sobre presuntas irregularidades. En realidad, a Scoppa no le interesó que los periodistas hagan periodismo. El objetivo del edil opositor es ocultar un interrogante en lugar de ocuparse por su total esclarecimiento.
Scoppa reconoció haber sido proveedor de Gamsur, incluso cuando ya cumplía funciones como concejal, y creyó que no había incompatibilidad. No esperó a que el fiscal municipal, organismos de control y -si así fuera necesario- la propia Justicia dieran su dictamen. Prefirió hablar de complots periodísticos y ataques injustos ante un tratamiento que incluyó a todas las partes en el debate.
No es motivo de este análisis cuestionar los valores ni la integridad de Scoppa. El concejal dice estar dispuesto a revelar la trama de poder y privilegios que «se silencian publicamente» y es loable su intención. Seria bueno que eso le permita señalar a concejales que se benefician con concesiones en la Terminal ó gastan miles de pesos en subsidios sin dar un solo nombre, como refirió en declaraciones al programa Así son las cosas en la radio.
Involucrar a periodistas en presuntas maniobras políticas del oficialismo y que esto, además, sea parte de un plan macabro orquestado para silenciarlo sobre hechos que pudieron afectar la claridad sobre el manejo de los usos públicos, expone a Scoppa a una contradicción: ¿Las dudas sobre presuntas irregularidades solo deben profundizarse si afectan a otros?. ¿Si apuntan a él serán meras asociaciones de una prensa perversa asociada al poder de turno?.
Las intencionalidades políticas y hasta partidarias de quienes realizan actos de gobierno ó cumplen funciones de control nunca dejan de ser evaluadas, pero no podrán ser impedimentos para encontrar la verdad. No es por el posible objetivo del oficialismo que nos preguntamos si es incompatible ser concejal y proveedor de Gamsur al mismo tiempo, sino por la necesidad de advertir si ese cruce de funciones juega en desmedro del interés colectivo de los riocuartenses, y si existe normativa que lo impide.
Scoppa debería respaldar los actos que favorecen la búsqueda de transparencia que pregona y evitar los enojos corporativos de su partido. Muchas de las firmas que allí aparecen deberían hacer lo mismo.