Los cortes de rutas de las zonas de unión entre Argentina y Uruguay, encabezados por ambientalistas argentinos en contra de la instalación de una planta de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos sobre la ribera de Río Uruguay que es el límite natural entre ambos países, ha tenido desde el comienzo diferentes reacciones (positivas y negativas) desde los dos países. Así lo demuestra la denuncia presentada por el abogado argentino Salvador Rosetti ante el parlamento del MERCOSUR (Parlasur) y la Comisión de Representantes Permanentes (CRPM).
Rosetti exige “una declaración pública de censura a la actividad de este pequeño grupo de personas (los denominados “ambientalistas”) que está sometiendo mediante violencia a un corte que no goza ni de la simpatía ni de la voluntad del pueblo de Gualeguaychu y del pueblo en general”. Puede que la denuncia tenga o no los efectos deseados, sin embargo, demuestra la inclusión de la sociedad civil en el MERCOSUR.
La denuncia presentada por este abogado argentino demuestra que no sólo existen posturas contrarias desde Uruguay sino que en argentina también los efectos negativos ya se hicieron notar y se comienza a pensar en el conflicto desde otro punto de vista: autocrítico y no nacionalista.
Las posiciones de los Estados es clara, mientras que en Argentina la cancillería reafirma el desacuerdo con la medida y las considera contraproducentes, también considera que la facultad de disponer el cese de los cortes corresponde a las autoridades judiciales competentes. Por su parte el Estado uruguayo pone énfasis en que la acción constituye un acto violatorio del derecho internacional y de las normas del MERCOSUR.
La organización internacional que agrupa a los Estados del sur de América ya había actuado en pos de solucionar el conflicto, cuando en 2007 un fallo reclamó el cese de los cortes ya que éstos violan los reglamentos del bloque, sin embargo el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner se desentendió del fallo, situación que invita a realizar el cuestionamiento sobre hasta qué punto los Estados miembros del MERCOSUR o de cualquier otra organización internacional que tiende a la integración, tiene verdadera voluntad de delegar decisiones soberanas.
La última de las denuncias y las posturas en contra encuentran su fundamento en las consecuencias negativas advertidas hasta la actualidad, los efectos económicos negativos son notablemente perjudiciales para ambas partes, así por ejemplo, llegaron a quedar varados 300 camiones con productos perecederos, se incrementaron los cotos fijos para el conjunto de empresas de transporte (carga y pasajeros), se ha afectado el empleo y la actividad comercial de las localidades fronterizas, etc.
Además de afectarse profundamente el comercio entre ambos países los efectos secundario recaen sobre países como Bolivia, Paraguay y Chile, ya que un 90% del comercio exterior uruguayo en esa zona se ha paralizado.
Sin lugar a dudas el país que más ha sufrido las consecuencias de los cortes es Uruguay, ya que las transacciones regionales representan alrededor del 40% del total del comercio exterior de Uruguay. Otros sectores de la economía también se han visto afectados así según datos del año 2006 el turismo se redujo un 50% afectando todas las actividades relacionadas, hotelería, gastronomía, etc.
Se debe destacar que el MERCOSUR ya ha dado su fallo y que no ha sido escuchado, que además el artículo 22 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece la libre circulación y también ha sido violado tal artículo entonces, si los Estados buscan más integración ¿porque no se someten a las decisiones de los entes supranacionales?
Por Lic. Cintia Cardoso Colaboradora de Fundación EGE Área Comercio Exterior