Según el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, la Argentina deberá afrontar pagos por US$ 33.000 millones entre amortizaciones e intereses de la deuda en 2009. De los anteriores, US$ 24.500 millones se pagarán con el superávit fiscal primario, y una vez que esté cerrado el canje de bonos con los holdouts y la refinanciación de los préstamos garantizados ingresarán otros US$ 6000 millones, quedando así la necesidad de juntar sólo US$ 2500 más.
Sin embargo, si la reestructuración fracasa o no alcanza el nivel previsto, y los mercados internacionales siguen vedados para el país -una eventualidad posible frente a la crisis financiera internacional- el Gobierno hará uso de otra opción, un Plan “B”, que pese a negarlo supondría financiarse con: más reservas del Banco Central y más fondos del Banco Nación.
¿Qué tiene de malo dicha medida? Pues resulta que para poder acceder a los mencionados fondos, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1472 de septiembre del corriente año, ha tenido que modificar la Carta Orgánica del Banco Central y del Banco Nación, ya que en éstas se prohíben los prestamos al Gobierno Nacional que superen determinados montos. Por ejemplo, en el caso del Central, éste no puede prestar más de un tercio de sus reservas de libre disponibilidad.
En suma, pareciera que no existen ni barreras ni frenos que impidan la consecución de los objetivos que se plantea el Gobierno Nacional. Las Cartas Orgánicas, con jerarquía de Ley, son modificadas “a piacere” a través de los DNU, de menor jerarquía. Por esto nos preguntamos ¿es factible avalar un Plan B que, si bien busca brindar soluciones a futuros problemas, lo hace degradando las instituciones?
ESTA ES UNA PUBLICACIÓN DE FUNDACIÓN EGE CON LA COLABORACIÓN DE Nicolás M. Abello –MIEMBRO DE FUNDACIÓN EGE- info@fundacionege.org