Jorge Ravera es un hombre de buen pasar y un puntero político intrascendente que apareció en portada tras ser acusado del peor delito. Sin ningún tipo de formación pedagógica ni antecedentes que avalaran su designación, fue recibido como «padre sustituto» por un sistema sin tapujos que entregaba la protección de sus chicos al dedo de la política. Ravera fue sindicado por cuatro niños de ser el autor de repetidos abusos sexuales en prácticas siniestras que incluían amenazas y tormentos psicológicos…
Por Pablo Callejón (pjcallejon@yahoo.com.ar)
«Ravera pudo tener un muy buen abogado pero los chicos no» Fabricio Castellano es docente de educación física y fue uno de los responsables en el cuidado de los menores alojados en la Residencia Roca. Tras el cierre de la institución se sumó a una silenciosa disputa contra la impunidad en el abuso sexual de 4 niños de entre 9 y 13 años. Transcurrieron cinco años de aquellas noches de infierno y se espera que esta sea la última semana que el tiempo le ceda a la Justicia.
Jorge Ravera es un hombre de buen pasar y un puntero político intrascendente que apareció en portada tras ser acusado del peor delito. Sin ningún tipo de formación pedagógica ni antecedentes que avalaran su designación, fue recibido como «padre sustituto» por un sistema sin tapujos que entregaba la protección de sus chicos al dedo de la política.
Ravera fue sindicado por cuatro niños de ser el autor de repetidos abusos sexuales en prácticas siniestras que incluían amenazas y tormentos psicológicos.
Dos de las víctimas son hermanos y fueron derivados a la vieja casona de calle Santiago del Estero por orden de la Justicia. En su hogar habían sido violados por dos familiares que resultaron procesados. Uno de ellos era su padre.
Con 9 años, el más chico de las cuatro víctimas no dudó en apuntar contra Ravera ante los psicólogos que lo escucharon. Cuando ya había cumplido 13 años, y luego de tres declaratorias, tomó un lápiz y un papel y dibujó sobre una cama a un compañero acostado junto «al maestro». Ambos miraban hacia la pared.
«Les conté que en el hogar, cuando comíamos, él -por Ravera- hablaba de cosas de sexo y cuando nos íbamos a dormir nos toqueteaba. Después se acostaba con uno de los chicos. Si le decíamos algo nos hacía cagar y nos mandaba a dormir», afirmó en un diálogo con algunos periodistas cuando abandonaba Tribunales junto a su madre.
El resto de los chicos de entre 11 y 13 años -uno de ellos ya es mayor edad- también dieron estremecedores testimonios sobre lo ocurrido. Aunque los peritos psicológicos consideraron «confiables y veraces» los testimonios nada resultó suficiente. Cómo el más chico, fueron revictimizados y obligados a repetir tres veces sus relatos por la inoperancia judicial y la habilidad impugnatoria de los defensores del acusado.
El último aporte testimonial surgió en pleno proceso judicial. Incluyó a un joven citado como testigo que dormía en pisos diferentes a donde se produjeron los abusos. Afirmó ante el Tribunal que observó al maestro mantener relaciones con uno de los chicos, aunque señaló que el hecho ocurrió 3 días antes del cierre definitivo del lugar, cuando Ravera hacía tiempo había sido apartado de su cargo. Los jueces deberán dirimir si la contradicción temporal afecta un aporte que surge un lustro después del hecho, o si confían en la veracidad y la contundencia del relato.
Durante los alegatos el fiscal de Cámara Alejandro Cabrera solicitó 16 años de prisión para Ravera tras considerar que «han quedado acreditados todos los hechos»
«El aporte de los jóvenes, su perfil de personalidad, los elementos probatorios y lo que se puede inferir en una evaluación conjunta es lo que se tuvo en consideración. Han surgido testimonios de expertos, constancias documentales de un lapso prolongado de la Residencia y tenemos el aporte de operadores y coordinadores», sentenció Cabrera, quien admitió que el tiempo fue un condicionante en la búsqueda de la verdad real.
La defensa, en cambio, apeló como principal estrategia a la ratificación pericial de un dato escabroso. Señaló que los chicos fueron abusados antes y después de los hechos denunciados, pero que no habría pruebas definitivas de que hayan ocurrido durante la permanencia de Ravera como «maestro» de la Residencia.
El abogado Jorge Valverde apeló a un informe que realizó poco después de la denuncia el médico forense Guillermo Mazzuchelli que no confirmaría ataques sexuales recientes, aunque aclara que no se debe dudar del testimonio de las criaturas. Su par en el equipo técnico judicial, Virginia Ferreyra, fue más contundente al señalar que los abusos denunciados existieron.
El doctor Jorge Valverde volvió a cargar en su alegato contra la legalidad de las pruebas, fundamentalmente los testimonios de los chicos. Consideró que se debería pedir la nulidad por errores procesales y ante la presunta injerencia de la ex coordinadora de la Residencia Irma Aguirre, quien denunció el caso y fue una fuente de consulta de los profesionales que hablaron con las víctimas.
«Ravera tenía un horario donde trabajaba solo. Me queda la tranquilidad de que todo lo que pasó fue por poquito tiempo porque inmediatamente se animaron a contarlo», expresó la funcionaria.
Para el abogado, Aguirre direccionó la acusación contra Ravera quien, sin embargo, agitó los fantasmas de una artimaña política en su contra cuando habló por única vez ante un Tribunal absorto que lo escuchó durante horas con una enmarañada argumentación.
Ravera llegó al juicio en libertad pese a la gravedad de la imputación en su contra. Primero fue liberado por el juez de Control Daniel Muñoz a los pocos meses de la denuncia quien consideró que no existía un sustancioso caudal de pruebas que lo involucraran. Varios años después, una caución de 30 mil pesos impidió que fuera detenido cuando la Justicia, a través del fiscal Walter Guzmán, consideró que el principal sospechoso debía enfrentar el banquillo acusatorio.
Los vaivenes judiciales hicieron de la causa un espejo de cómo los vericuetos legales exponen a la Justicia al espejo de la fragilidad estructural. El primer fiscal del caso fue Jorge Fantín, quien dejó su lugar a Jorge Medina. El flamante titular de la Fiscalía de Primer Turno imputó a Ravera pero fue recusado por el abogado defensor José Abrile quien cuestionó declaraciones periodísticas en las que Medina argumentaba por qué pedía la prisión del acusado.
El juez de Control Muñoz le dio la razón a Abrile y sustituyó a Medina por el fiscal Luis Cieroni, quien nunca avanzó en la causa. A los pocos meses, fue Walter Guzmán el elegido para seguir con la instrucción. Tras la elevación a juicio, el caso pasó a manos de Medina -ya seleccionado Fiscal de Cámara- quien fue nuevamente recusado por haber sido apartado durante la investigación. Con él también surgieron los cuestionamientos para las actuaciones realizadas por Medina, entre ellas, las declaraciones de las víctimas.
La mañana del 23 de julio del 2005 funcionarios del gobierno provincial llegaron en dos traffics para un traslado intempestivo de los chicos. 11 menores fueron derivados a distintas instituciones estatales en cuestión de horas. Fueron separados de sus amigos, sin saber a donde iban y con la pesadilla a cuesta. Algunos no pudieron dejar de llorar.
Del total chicos institucionalizados, solo cinco fueron reintegrados a sus familias en una tarea de urgencia impulsada por el equipo técnico del Juzgado de Menores.
Las criaturas llegaron a la residencia víctimas de abuso, golpizas, abandono y desarraigo. Por las flaquezas de un Estado incompetente, el lugar donde debieron ser cuidados fue solo la continuidad del martirio.
Las puertas se cerraron con la promesa de una pronta reapertura. Las críticas hacia el sistema de patronato institucional y las consecuentes denuncias por violaciones aberrantes a los derechos de la infancia, redujeron la agrietada funcionalidad de los centros para dar lugar a las familias sustitutas.
Ravera habló una sola vez ante el Tribunal que lo juzgó. Disparó incongruencias y relatos interminables sobre hechos y personajes que no tienen que ver con la acusación en su contra. Pero, también se refirió en su defensa a una presunta manipulación política que habría intentado apuntar contra un hombre al que el mundo político apenas conocía.
Fue necesaria durante la exposición de miles de palabras un receso y el pedido de los jueces para que puntualizara en donde debía puntualizar. La audiencia se realizó a puertas cerradas y solo algunas señales de sus planteos pudieron conocerse. Desde aquella vez, el imputado volvió a callar. Se lo vio nervioso caminar los pasillos tribunalicios y esconderse detrás de gruesas columnas para evitar los flashes de la prensa. Las chances para dilucidar su versión se agotaron en la Justicia. Pasaron 5 años y hay cuatro infancias sin retorno, abusadas de cuerpo y alma.
Hasta hoy, estamos todos condenados por lo que pudo prevenirse, por lo que se dejó hacer y por lo que el Estado no hizo por las víctimas. Ya es tiempo del veredicto judicial.