Los riocuartenses desconocen cuánto de verdad se esconde en los anuncios y desmentidas, en las advertencias y actitudes defensivas, en las acusaciones y la falta de documentación fiable. Esperan pacientes por la recuperación de una prestación que podría ser más barata aunque tendrá una pesada carga laboral, equipamiento obsoleto ó impago y una deuda irresuelta con empresarios que gozaron en las buenas y armaron rápido las valijas ante el advenimiento de la crisis…
Por Pablo Callejón (pjcallejon@yahoo.com.ar) – «Esto no está llevando al peor escenario que es el de no prestar el servicio. Si nos van a incautar las máquinas hagan lo que quieran» El empresario de la construcción Alcides Capello, uno de los 23 socios privados de Gamsur, fue la voz amenazante que acercó la crisis al abismo más temido. Augurar postales de basura en las calles durante el fin de semana largo será, es cierto, el peor escenario para la administración Jure. Desde la fiscalía municipal creen contar con los argumentos legales para contrarrestar un abrupto incumplimiento de un contrato que debería finalizar en 3 años.
La mixta es un negocio en fuga. El municipio no puede pagar el canon mensual de 2 millones 200 mil pesos solicitado por los empresarios y que además considera excesivo. Con el ejemplo cercano de la experiencia en la ciudad Córdoba, sostienen que es factible brindar un servicio similar, a menor precio. La prestación de Gamsur no tiene una vasta lista de reclamos en su haber pero queda la profunda duda sobre sus costos. Sin licitación pública, cotejo de precios o discusión pública sobre lo que debería costar mensualmente la actividad, los vecinos solo pueden evaluar a la firma por su efectividad en la tarea diaria. Un indicador indispensable, pero insuficiente.
Mientras Capello, acompañado por Gustavo Gagna y Gustavo Garelli, argumentaban en el Concejo Deliberante que el Apocalipsis es un final previsible en medio del desfinanciamiento de la empresa, el concejal de Río Cuarto para Todos Jorge Cendoya evaluaba cifras de los mayores costos solicitados desde el 2005 y la lógica caía en bancarrota. Algunos insumos aparecían más altos hace 4 años y los costos salariales por cada empleado diferían en los documentos oficiales de los resúmenes presentados por la empresa. Garelli prometió explicar los interrogantes y no hubo más preguntas al respecto.
¿Cómo es posible tamaño nivel de desinformación? ¿Qué rol cumplieron los síndicos en este tiempo? ¿Cuál fue el poder de contralor que asumió el municipio como principal socio y responsable máximo del directorio?
Por el extraño vínculo contractual entre el Estado y sus socios en la mixta, los mayores costos se evaluaron al finalizar el año. Es decir, en diciembre se determinaba el impacto que pudo tener la inflación en enero y febrero. Se generó así una deuda que se pagaba meses después, era afrontada por gestiones venideras ó simplemente se acumulaba. Los propios empresarios manifestaron que el gobierno de Alberto Cantero dejó en mora más de 2 millones de pesos y la última gestión de Antonio Rins les quedó adeudando 6 millones de pesos. ¿Por qué dejaron pasar el tiempo sin reproches y ahora pronostican una debacle sin freno? ¿Quién reguló el supuesto rojo de la firma? ¿Cómo se justifican mayores costos evaluados a destiempo, con indicadores poco confiables y que se pagan años después?
«Los dueños»
Gamsur tiene 174 trabajadores afiliados al poderoso gremio de Surrbac que se convertirán en más de 210 si prospera la fuerte presión de «los Moyano» cordobeses para unificar la oferta sindical en la empresa.
Cuando comenzó a funcionar la mixta el salario promedio de los empleados era de 1.480 pesos, actualmente alcanza los 3.500 pesos. Un camionero gana más de 5 mil pesos. Quienes se conviertan en empleados del ente ó la sociedad que dirija el Estado pasarán a cobrar más que los directivos del municipio y poco menos que un secretario. Aunque finalmente no perciban la antigüedad en Gamsur acumularán cada nuevo año trabajado el porcentaje que fija el convenio.
Los empleados actuales de planta permanente, en cambio, hace años que tienen congelado el beneficio y algunos han iniciado demandas judiciales aún en trámite.
Capello dijo que los dueños de Gamsur no son los empresarios ni el municipio, sino el gremio «Es Moyano el que decide. A nosotros nos paraban la salida de un camión porque no andaba una lucecita. En la intendencia de Rins fueron a apretarlo para cobrar el 100 por ciento de suba los lunes porque decían que el domingo había más basura y Rins les dio el respaldo. Págales cabezón, después arreglamos, me dijo Rins y así estamos ¿Se dan cuenta lo que es Moyano?», afirmó.
Para el empresario, el «resentimiento» de Jure con el directorio de Gamsur comienza el día en que los gremialistas de Surrbac promovieron una de las más violentas y repudiables protestas. Frente al portal del Palacio de Mójica volcaron toneladas de basura y con prepotencia le marcaron la agenda de discusión al mandatario.
Aquella manifestación airada fue el primer eslabón de una ruptura secuencial en las relaciones con el municipio y en el funcionamiento propio de la mixta. La aprobación de la fórmula para los mayores costos un día después de navidad no pudo evitar el previsible final: los empresarios quieren más fondos, la presunción de los sobreprecios cobró fuerza y el municipio no está en condiciones de pagar «un peso más», como repitió una y otra vez Jure.
El intendente aún no cerró con el gremio y tampoco podrá dar por concluido un acuerdo de largo plazo. La relación será tortuosa y cambiante aún después de la creación del ente. Jure lo sabe y por eso debió negociar con Hugo Moyano en su oficina en Buenos Aires, en lugar de resolver la discusión en su despacho oficial. «Esta es la Argentina de hoy. Se trata de uno de los dirigentes más poderosos en el país», se justifican en el municipio.
Auditoría
La auditoria del Tribunal de Cuentas solo creó incertidumbre y definiciones en voz baja sobre irregularidades que aún no han sido reveladas en su totalidad. Algunas de las falencias comunicadas implican al propio Ejecutivo. La falta de entrega de información es injustificable en una empresa donde el Estado es socio y tiene pleno acceso al espacio administrativo. Tampoco parece comprensible el desorden en la definición del presidente los directivos de la compañía. Aunque Jure dispuso que Martín Abasolo sea el titular de Gamsur, en cada decisión es necesario llamar a Fernando Palacios -el presidente expulsado- porque formalmente es su firma la única que vale legalmente.
La evaluación económica de la empresa se anticipa como una vorágine de incumplimientos, acuerdos con «empresas amigas» a nombre de socios vinculados a Gamsur y costos sobredimensionados. Sin embargo, mientras se resuelve el final de la mixta, el traspaso del servicio al Estado y la rescisión del contrato, los resultados oficiales no aparecen y la auditoria se ha convertido en una promesa inconclusa que debería incidir en la postura definitiva del Ejecutivo.
Los riocuartenses desconocen cuánto de verdad se esconde en los anuncios y desmentidas, en las advertencias y actitudes defensivas, en las acusaciones y la falta de documentación fiable. Esperan pacientes por la recuperación de una prestación que podría ser más barata aunque tendrá una pesada carga laboral, equipamiento obsoleto ó impago y una deuda irresuelta con empresarios que gozaron en las buenas y armaron rápido las valijas ante el advenimiento de la crisis.
Jure afirma que el gobierno está en condiciones de brindar el mejor servicio posible a un menor costo. Creer o reventar.