Por la vía de dos decretos, el Gobierno le quitó ayer la concesión al Grupo Macri. El legislador riocuartense Eduardo Di Cola conduce desde ayer la empresa, que mantendrá todo el personal y bajaría algunas tarifas.El riocuartense Eduardo Di Cola será el nuevo Interventor del Correo Argentino, tras la temporal reestatizacion de la empresa. Durante 6 meses Di Cola deberá llevar adelante un nuevo proceso de privatización y mantener las actuales condiciones laborales y salariales del Correo.
Según las primeras manifestaciones la empresa arrancará bajando algunas tarifas, pero con los mismos empleados.
Jorge Caffaratto, secretario gremial de Foecyt Río Cuarto, se refirió a la actual situación del Correo y al respecto dijo que: «Es necesario que se vuelva a concesionarse y de una manera correcta. La era Macri para la jurisdicción de Córdoba ha sido buena en el aspecto tecnológico. Pero, las maquinas han sustituido la mano de obra y han quedado expulsados por retiros voluntarios o despidos muchos compañeros».
Anoche, en un acto celebrado en La Plata, el presidente Néstor Kirchner destacó que «logramos recuperar para el Estado el Correo que estuvo en manos de aquellos que no cumplieron ninguna de sus obligaciones».
La nueva operación estatal quedó a cargo de una Unidad Administrativa presidida por el diputado nacional kirchnerista Eduardo Di Cola, e integrada por otros dos funcionarios aún no designados.
Por medio del decreto 1074, el Gobierno rechazó todos los reclamos y peticiones que habían efectuado los directivos de Correo Argentino SA. Tras dar por agotada la «vía administrativa» a los planteos del concesionario, el decreto destacó que «no existe incumplimiento alguno del Estado» y que el accionar del operador se caracterizó por una estrategia de «reclamo sistemático orientado a generar presuntas acreencias para eximirse de la obligación de pagar el canon».
La ofensiva legal del Gobierno se completó con el decreto 1075, que estableció la «rescisión del contrato por culpa del concesionario» y dispuso la «operación transitoria estatal del servicio».