Tras una denuncia en el PAMI, clausuran geriátrico en Roque Saenz Peña al 899

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Tras una denuncia en el PAMI, clausuraron un geriátrico en Roque Saenz Peña al 899. La medida fue ejecutada por el RUGEPRESA, el organismo de control del Ministerio de Salud provincial.
En el Hogar estaban alojados 12 ancianos, algunos de ellos con problemas psiquiátricos, quienes deberán ser reubicados en las próximas 24 horas.

Ordenanza

El pasado 20 de diciembre, el oficialismo avanzó con una nueva ordenanza sobre geriátricos pero el control seguirá en manos del Rugepresa, a pesar del pedido del Pami y las críticas de la oposición. Habrá un listado oficial y público con los datos de hogares habilitados.
La decisión generó las críticas de los bloques opositores y del titular del Pami, Gonzalo Luján, quien ya había manifestado que «se trata de una ordenanza para que nada cambie».
Para la concejala María Martínez, «no estaríamos discutiendo ésto si los adultos mayores percibieran los montos que les correspondiera cobrar después de tantos años de trabajo y aporte» en un claro cuestionamiento a Cambiemos.
Por su parte, el concejal Armando_Chiappe resaltó: «No nos podemos llevar puesta a una ley superior, el poder de policía lo tiene la provincia. Eso lo saben los concejales opositores. Nos acusaron de muchas cosas, pero ésta ordenanza es un paso hacia adelante».

La vida de nuestros viejos

* Por Pablo Callejón

A Mirta la hallaron postrada, con un cuadro de deshidratación severo y escaras en la pelvis que revelaban un abandono que la disponían al borde de la muerte. Tenía 73 años y sus familiares no recordaban qué medicación tomaba a diario. Tras un allanamiento de la Justicia en el geriátrico de Alberdi pudieron salvarla.
Malvina tiene discapacidad mental y a los 56 años estaba alojada en un hogar clandestino sobre calle Liniers. Fue encontrada con un compromiso muscular y vascular con alto riesgo de amputación por haber sido mordida por un perro. Fue derivada al Hospital, donde permanece internada.
A los 70 años, José debió sobrevivir a la desidia y los golpes. El allanamiento en el geriátrico de General Bustos lo halló postrado en silla de ruedas y llevaba días sin higienizarse. Tenía signos de violencia en la espalda y no era asistido por su hernia.
Desnutrida y con escaras grado 4, a los 82 años Irene llegó al Hospital en un estado desesperante desde el hogar en calle Vélez Sarsfield. Allí comprobaron que sufría un cuadro de deshidratación permanente. Tras un año de asistencia, aún permanece internada.
José Antonio hacía dos años que no era sometido a un control médico. Sufría bajo peso y tenía su botón gástrico infectado. Las heridas en los glúteos denunciaban un abandono de higiene. Fue rescatado de un geriátrico en calle General Bustos y murió a los pocos días.
El gravísimo cuadro de Amalia impidió salvarle la vida. A los 88 años caminaba desorientada por la vivienda en Ituzaingó. Sufría una desnutrición severa y deshidratación grave.
Sin familiares a cargo, la vida de Naria fue un martirio hasta su muerte. A los 73 años, enfrentaba un abandono de su higiene y salud que anticipaban el peor final. No había en el lugar antecedentes de asistencia farmacológica. Murió poco días después del allanamiento.
Los datos surgen de un informe elaborado por el PAMI desde las intervenciones iniciadas en septiembre de 2016. La primera denuncia se radicó en barrio Alberdi y desde entonces, hubo 48 lugares inspeccionados y 32 clausuras. De total de abuelos rescatados, cuatro fallecieron por la degradación de sus cuadros clínicos y muchos sufren secuelas irreparables.

La exposición pública del estado desesperante del sistema de geriátricos derivó en un acuerdo entre el municipio y el gobierno provincial, que posee el poder de policía para habilitar y controlar los hogares a través del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (R.U.Ge.Pre.Sa.). El organismo estatal debe realizar “el monitoreo funcional, verificar la viabilidad de su funcionamiento, evaluar la calidad de la prestación y analizar indicadores sanitarios”, según surge de la página oficial.
La ineficacia en los controles quedó expuesta brutalmente en las imágenes entregadas a la Justicia como documento revelador de lo que ocurre a diario en los geriátricos allanados.
En el 2013, durante la intendencia de Juan Jure, un informe elaborado por la arquitecta Iris Figueroa y el Área de Adultos Mayores de la Municipalidad, ya advertía que solo 5 de los 55 hogares evaluados estaban habilitados.
“Encontramos en algún caso, hasta 20 personas que eran tuteladas por una empleada que los bañaba los, hacía la comida y limpiaba la casa. En estos hogares no se cumplía con los ingresos, las habitaciones no tenían iluminación ni ventilación. Veíamos cosas tremendas: cables colgando, calefactores que funcionaban mal, un nivel terrible. Lamentamos que no se haya hecho nada”, admitió la especialista en declaraciones a Telediario.

Este año, el director del PAMI Río Cuarto, Gonzalo Luján, lanzó una junta de firmas para modificar la ordenanza municipal a través de una iniciativa popular. Tras reunir 6 mil adhesiones presentó un proyecto en el que advirtió que “la mayoría de los geriátricos se encuentran sin habilitación, malas condiciones edilicias y de salubridad y una notoria falta de cuidados de los pacientes”.
Luján alertó que la auditorias del Ministerio de Salud de la Provincia y lo allanamientos judiciales revelaron el padecimiento de abuelos “con cuadros graves de desnutrición y deshidratación, falta de controles y supervisión médica y ausencia de criterios nutricionales básicos”
En Río Cuarto se estima que funcionan un centenar de hogares que sobreviven a las clausuras sistemáticas. “Cierran en un lado y abren en otra vivienda, en una situación que tienen a perpetuarse”, alertaron desde la obra social.
A la par de la negligencia familiar y la incapacidad de control del Estado, se multiplican los pedidos para alojar a los ancianos que serán abandonados a su suerte. Cada vez son más los abuelos inmersos en un sistema que se alimenta de sus propias miserias. Cuando cierra un geriátrico surge un dilema asfixiante y recurrente: faltan lugares habilitados para alojar a las víctimas.
La iniciativa del titular de la delegación local de la obra social buscaba generar un registro de geriátricos y de personas alojadas, con el dato de quien sería “el familiar responsable”.
El proyecto le otorgaba al municipio una mayor potestad en los controles y el Gobierno lo entendió como una jugada política. El concejal de Unión por Córdoba, Marcelo Bressan, consideró “un despropósito” que el municipio asuma la contención de los abuelos geriatrizados “por falta de cobertura del PAMI”.
En agosto el debate comenzó en el Concejo Deliberante sin demasiada suerte. El oficialismo y el bloque de Respeto sumaron su propio proyecto y desde el municipio negaron que exista un “estado de emergencia geriátricas”. La concejala de Unión por Córdoba Andrea Petrone se mostró confiada en declaraciones al diario Puntal sobre un “proyecto único que incorpore las tres propuestas”, pero el debate no alcanzó consensos y no será debatido en lo que resta del año. Aunque no se buscara arrebatarle a la Provincia el poder de policía, el municipio rechazó el traslado de mayor responsabilidad con altos costos políticos. La fangosa realidad de un drama social que se lleva la vida de nuestros viejos.

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