Fue sancionado por unanimidad en la Cámara alta, con 56 votos afirmativos. El Congreso reaccionó contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia y avanzó en una iniciativa para establecer la restricción de ese beneficio a represores y genocidas condenados.
En un contundente mensaje a la Corte Suprema de Justicia, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto para limitar la aplicación del beneficio del 2×1 en el cómputo de la pena a autores de delitos de lesa humanidad.
En menos de 48 horas, ambas cámaras del Congreso avanzaron en una iniciativa que se planta contra la decisión del máximo tribunal, que falló a favor en el caso del represor Luis Muiña.
La Cámara alta sancionó por unanimidad -56 votos positivos- el proyecto que fue consensuado este martes entre el oficialismo y la oposición en Diputados, y aprobado en una sesión histórica por amplia mayoría.
La ley modifica el artículo 7 de la Ley 24.390 -hoy derogada- para especificar que el 2×1 “no es aplicable” a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.
Además, establece que el beneficio sólo podrá regir en los casos en los que el condenado hubiese estado privado de su libertad en forma preventiva entre 1994 y 2001, es decir, durante el período de la vigencia de la norma. También, el tercer artículo indica que esa interpretación es la que debe aplicarse a todas las causas en trámite.
Al abrir el debate, que se extendió por más de cuatro horas, el senador Pedro Guastavino (PJ-FpV) expresó que el fallo de la Corte Suprema “pone nuevamente sobre el tapete la discusión sobre el período más oscuro que ha vivido el país”. Explicó que esta ley será una “pauta interpretativa” para impedir que “en lo sucesivo, a quienes utilizaron el aparato del Estado para secuestrar, torturar y asesinar, puedan gozar de ese beneficio”.
Desde su banca, el presidente provisional, Federico Pinedo (Pro), recordó el “hecho desgraciado” que significó para la Argentina la Ley 24.390 -hoy derogada-, y afirmó que la iniciativa para frenar el 2×1 a represores “ratifica la mirada” del país en base al “compromiso” de condenar los delitos de lesa humanidad.
A su turno, el legislador Fernando “Pino” Solanas mencionó que el juicio a las Juntas Militares fue “ejemplar” y “único en el mundo”. “Ningún país en América Latina se animó a juzgar a los genocidas”, agregó. En referencia al fallo del máximo tribunal, lo consideró “absolutamente cuestionable”. “Apoyamos decididamente esta reacción rápida que ha tenido el pueblo argentino”, manifestó.
El chubutense Alfredo Luenzo sostuvo: “la política negacionista ha sido condenada por toda la sociedad y por eso es tan difícil de interpretar el objetivo de este fallo”.
Por su parte, el radical Alfredo Martínez subrayó la “reacción intrajusticia” que hubo respecto al fallo. “Con esta ley, lo que estamos diciéndole es ‘muchachos respeten la ley que está en vigencia’”, señaló, en referencia a la Ley 27.156, sobre prohibición de indultos, amnistías y conmutación de penas en los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra.