El Consejo Superior de la UNRC adhirió a un pronunciamiento de la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación (ANFHE) que expresa preocupación por la denuncia “generalizada e indiscriminada” que presentó en diferentes juzgados federales el fiscal Guillermo Marijuán en contra de 52 universidades nacionales, entre las que se encuentra la de Río Cuarto, por presunta malversación de fondos.
A la vez, el cuerpo colegiado avaló otro documento que surgió de una asamblea interclaustros que se realizó este lunes, en reclamo por los recortes de fondos que prevé el Proyecto de Presupuesto 2017 presentado por el Gobierno nacional, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y que ahora espera por su tratamiento en Senadores.
El doctor Hugo Abraham, director de Asuntos Jurídicos de la UNRC; negó que hayan sido informados sobre alguna denuncia por presunta malversación.
Universidades en pie de lucha – Telediario, Pablo Callejón
Malestar
Los escritos, dejaron reflejado el malestar que causaron en la comunidad universitaria ambas cuestiones, a las que consideraron una embestida del Gobierno nacional contra la educación pública.
En ese marco, los claustros de estudiantes, de docentes, de nodocentes, de graduados y los investigadores preparan una jornada de movilización y protesta en defensa de la educación pública para el próximo martes 22 de noviembre, a la que el cuerpo colegiado brindó su respaldo.
De hecho, para favorecer la asistencia masiva de la comunidad universitaria a la movilización, el cuerpo colegiado resolvió trasladar la sesión ordinaria que tenía prevista para ese martes al miércoles 23.
Mientras tanto, este miércoles, representantes de los estudiantes y de los docentes universitarios tienen previsto reunirse con el senador cordobés Carlos Caserio para entregarle el documento elaborado por la asamblea interclaustros y pedirle que se evalúen alternativas presupuestarias que compensen a las 35 universidades que quedaron excluidas de la distribución del refuerzo extra de 1.028 millones de pesos con los que discrecionalmente Diputados favoreció a un grupo de 21 casas de estudio para 2017.
Más allá de la movilización que llevará a cabo la comunidad universitaria el 22 de noviembre, no se descarta que el gremio docente universitario como así también el de nodocentes decidan implementar además medidas de fuerza con paro de actividades, lo cual quedaría definido en el transcurso de las próximas horas.
Por su parte, el rector Roberto Rovere anticipó que, al menos un grupo importante de rectores, está promoviendo la realización de una reunión plenaria del CIN para el 21 de noviembre o bien de una reunión ampliada de su Comité Ejecutivo en el caso de que no todas las universidades puedan asistir, para discutir la cuestión presupuestaria.
Según expresó el rector Rovere, la intención es elaborar un documento para ser presentado a la brevedad en el Senado nacional, que se apresta a tratar el Proyecto de Presupuesto para 2017.
“La idea es continuar con nuestro reclamo y hacerlo público para que no se repita más”, dijo el titular de la UNRC en referencia a la discriminación que sufrieron las 35 universidades nacionales que no recibirán nada de esos 1.028 millones de pesos de fondos extras.
Un nuevo embate
En torno de este tema, el Consejo Superior adhirió al pronunciamiento realizado por la asamblea interclaustros, que tituló “Proyecto de presupuesto 2017: Un nuevo embate contra un desarrollo de país sustentable y soberano”.
A través del documento, la comunidad universitaria se declara en “estado de movilización, repudiando las políticas del Gobierno nacional que no respeta ni los compromisos paritarios ni las pautas consensuadas y establecidas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), dejando fuera a 35 universidades nacionales del refuerzo presupuestario propuesto para el 2017 (planilla B)”.
Agrega: “Este momento socio-político y económico que nos atraviesa forma parte de políticas neoliberales que siguen ajustando los derechos de la ciudadanía a acceder a una educación universitaria de calidad, pública, inclusiva y gratuita”.
En el documento, los docentes y nodocentes manifiestan su preocupación “por la pérdida del poder adquisitivo” de sus salarios, “la negativa a la reapertura de paritarias y la pauta salarial prevista en el presupuesto que intenta poner un techo del 17% para la paritaria del año entrante y el congelamiento de las plantas docente y nodocente”.
Por su parte, los estudiantes demandaron que se sostengan los planes de becas nacionales para poder incluir en el sistema especialmente “a los hijos de los trabajadores que financian la universidad pública”.
También solicitaron a través del pronunciamiento que “se asigne presupuesto acorde a las necesidades manifiestas de las universidades en cuanto a funcionamiento, porque la carencia de recursos en este aspecto ya se viene traduciendo en una imposibilidad para la realización de prácticos, trabajos de campo y viajes de estudio” de las diferentes carreras.
Asimismo, dejaron reflejada su voz los investigadores, quienes reclamaron que “no se recorte el presupuesto en términos reales y mucho menos se congele la planta de investigadores becarios o de carrera, ya que sólo se puede entender un progreso soberano y sustentable con un desarrollo cultural, en investigación y tecnología garantizado por el Estado nacional, independiente de intereses del capital privado”.
Dice finalmente el documento: “Como comunidad universitaria defendemos el derecho a la educación, como una responsabilidad irrenunciable del Estado, y demandamos que se la asuma asignando un presupuesto acorde a las necesidades del conjunto de las universidades nacionales, que deben producir el conocimiento y los profesionales para un desarrollo integral y soberano de la Nación”.
Malversación de fondos
El Consejo Superior de la UNRC también hizo suyo un pronunciamiento de la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación (ANFHE) referido a las denuncias realizadas por el fiscal federal Guillermo Marijuán que involucra a 52 universidades nacionales en el supuesto delito de malversación de fondos.
Sostiene: “Los fondos que son adjudicados por ley del Congreso Nacional y aquellos que se reciben por programas especiales son ejecutados bajo normativas claras, estrictas y con procesos de absoluta transparencia. Además, están sometidas a procesos de auditoría tanto interna como externa”.
El documento señala: “Las universidades nacionales se han ganado una importante consideración por parte de la sociedad y denuncias como estas, indiscriminadas, sustentadas en notas periodísticas, afectan su credibilidad y dañan moralmente no sólo a la institución sino también a todos los que realizamos tareas de docencia, investigación y extensión en contextos presupuestarios generalmente de austeridad”.
Luego agrega: “En momentos en que se encuentra abierta la discusión presupuestaria en el Congreso Nacional, esta denuncia indiscriminada puede afectar el necesario marco de equilibrio en la distribución de los recursos”.
Finalmente, el documento destaca: “La Asociación no se considera ajena al sistema judicial y reconoce como constituyente de la República la posibilidad de que un fiscal de la Nación realice su trabajo con independencia; sin embargo, nos preocupa la denuncia generalizada e indiscriminada dado que constituye una suerte de prejuzgamiento el hecho de no concretar la denuncia a partir de fundamentos concretos”.