La venta del predio de la Sociedad Rural llega a juicio oral

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Entre los doce imputados por la maniobra fraudulenta con la que la SRA se hizo del predio están el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo.

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La venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina (SRA) durante la década menemista será elevada a juicio oral durante los próximos días. El juzgado de Sergio Torres concluyó la etapa de instrucción y el expediente será sorteado para determinar ante qué tribunal será el juicio. Entre los doce imputados por la maniobra fraudulenta con la que la SRA se hizo del predio están el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Se los acusa de ser los resposnables del plan para la «malversación de caudales públicos».

El predio llegó a manos de la Sociedad Rural en 1991, por una operación de 30 millones de dólares. El monto fue definido por las tasaciones del Banco Ciudad y el Hipotecario, que coincidieron en el mismo valor a pesar de que había una tasación oficial previa de 943 millones que contemplaba los usos comerciales posibles. La última tasación fue de la Corte Suprema de Justicia, que en 2006 determinó que el valor del terreno alcanzaba los 131 millones de dólares.

Entre los imputados también están el ex presidente de la SRA, Eduardo de Zavalía, y el ex secretario de la entidad, Juan Alberto Ravagnan. Los otros funcionarios involucrados son los del área dedicada a la venta de tierras del Estado y los tasadores del Ciudad y el Hipotecario. Están todos involucrados en la operación reconstruida por el fiscal Carlos Stornelli, que solicitó la elevación a juicio en agosto del año pasado, indicó el diario Página/12.

«Se aplicaron normas que no se ajustaban al caso, se omitieron mecanismos de control y dictámenes previos, se soslayaron tasaciones anteriores y se desconocieron actos legítimos de la misma administración», detalló en ese dictamen. El fiscal apuntó contra el ex presidente y su ministro, y dijo que «el más grave incumplimiento y la mayor gravedad que sigue al despojo del patrimonio público e histórico acontecido en manos de un ex presidente y de uno de sus colaboradores más cercanos es que se ha observado un claro desprecio a la manda constitucional», afirmó.

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