Lo señaló Martínez Nass, abogado de la empresa. Este martes llegan representantes de Cotreco a la ciudad. El concejal Guillermo Natali precisó en el programa Así son las Cosas que evaluarán una posible presentación judicial.
El abogado de Gamsur, Roberto Martínez Nass, afirmó que el convenio que firmará la empresa con la compañía Cotreco para la transferencia del servicio de recolección de residuos e iluminación, «de ninguna manera significará la desaparición» de la mixta.
En diálogo con Telediario, el letrado sostuvo «seguirá funcionando pese a la cesión del contrato por la prestación».
«Se va a reestructurar para que pueda participar en licitaciones. Hay especialistas trabajando al respecto para darle otro perfil. Se daría un vuelco para otro tipo de actividades dentro de la misma sociedad de economía mixta», indicó.
Martínez Nass dijo que entre las opciones surge «la posibilidad de hacer obra pública en Río Cuarto ó subcontrataciones en otros lugares».
«Se va a quedar con un capital y permanecerá trabajando en Río Tercero. No hay ninguna decisión tomada para eventuales cambios en esa ciudad. Esto es algo que define exclusivamente el Ejecutivo», aseveró.
El abogado consideró que «se llegará con los tiempos» para alcanzar un acuerdo con Cotreco antes del 1 de septiembre, cuando la firma con sede en Carlos Paz comience a trabajar en Río Cuarto.
«Se viene trabajando desde hace mucho tiempo y está casi todo acordado. Hay muchos detalles que son complejos y que deben ser resueltos», puntualizó.
Cotreco
Según precisaron fuentes confiables a TD Digital, este martes llegan representantes de Cotreco a la ciudad y realizarán evaluaciones en la sede de Gamsur.
El objetivo sería ultimar los detalles de trabajo para iniciar las tareas a partir del próximo jueves.
En el bloque de Unión por Córdoba analizaron esta mañana la situación junto a los asesores legales y pidieron que el Ejecutivo oficialice el convenio con Cotreco.
El concejal Guillermo Natali precisó en el programa Así son las Cosas que evaluarán una posible presentación judicial «una vez que se conozca el instrumento legal».
«El gobierno de Jure pretende dar un contrato por 300 millones de pesos con licitación directa», aseveró.
Por su parte, la concejal del Interbloque Claudia Bringas cuestionó la falta de una política ambiental y destacó que «todo lo que se sabe se conoce por los medios».