Tras la renuncia de Mubarak, el ejército suspendió la constitución.
Formarán una comisión para llevar a cabo la reforma de la Constitución y se convocará un referéndum sobre las futuras enmiendas, añade el comunicado.
El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas disolvió el Parlamento egipcio y suspendió la Constitución, según un comunicado leído el domingo en la televisión estatal, que indica que el período de transición
consecutivo a la renuncia de Mubarak durará seis meses.
El comunicado precisa que disolvió las dos cámaras del Parlamento, cuya elección en diciembre pasado había sido denunciada como fraudulenta por la oposición.
Las Fuerzas Armadas formarán una comisión para llevar a cabo la reforma de la Constitución y se convocará un referéndum sobre las futuras enmiendas, añade el comunicado.
Por otro lado, cientos de militares egipcios se desplegaron hoy en la plaza de Tahrir y emplazaron a los manifestantes a abandonar el emblemático lugar que fue epicentro de las protestas que lograron la renuncia del presidente Hosni Mubarak, para recuperar poco a poco la normalidad en El Cairo.
En el intento de dispersar a los manifestantes se registraron algunas trifulcas.
«No queremos a manifestantes sentados en la plaza después de hoy», dijo el jefe de la Policía militar, Mohamed Ibrahim Moustafa Ali, mientras los militares desmontaban las tiendas de campaña instaladas en la plaza, según consignó la agencia Europa Press.
La respuesta de algunas personas al exhorto no tardó en llegar: «En la plaza, en la plaza, queremos reclamar nuestros derechos en la plaza», decían mientras los militares los acorralaban.
En la plaza de Tahrir continúan todavía unos 2.000 manifestantes con algunas tiendas de campaña aún instaladas en la zona central.
Aunque la renuncia de Mubarak era uno de los principales reclamos, muchos planean continuar en la céntrica plaza cairota para asegurarse de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que está ahora al frente del poder, cumpla con lo prometido.
Los manifestantes solicitan la abolición del estado de emergencia, que fue utilizado por las autoridades contra los disidentes durante 30 años, la liberación de todos los presos políticos y la convocatoria de unas elecciones libres y justas.