Se otorgaron 3 millones de beneficios a personas que realizaron aportes durante su vida activa. Además, hubo 2,3 millones de beneficios sin aportes otorgados a través de las moratorias.
Informe: Consultora IDESA
La Constitución Nacional establece que las jubilaciones son móviles y delega al Congreso la responsabilidad de definir el mecanismo para instrumentar este criterio general. En respuesta a este mandato constitucional, el Congreso Nacional sancionó en el año 2008 la ley de movilidad previsional donde se estipula que los haberes previsionales se ajustan semestralmente -en marzo y setiembre de cada año-– en función de la evolución de los salarios y los recursos tributarios de la ANSES. En cumplimiento de este mandato, el gobierno anunció que el ajuste para setiembre del 2010 será del 16,9%. El incremento está en línea con el objetivo de compensar a los jubilados por los efectos nocivos de la inflación.
Una cuestión central es tener en cuenta los tipos de beneficios del sistema previsional. Según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social, a diciembre del 2009 el sistema previsional pagaba las siguientes prestaciones:
· 3 millones de beneficios a personas que realizaron aportes durante su vida activa.
· 2,3 millones de beneficios sin aportes otorgados a través de las moratorias.
· 900 mil beneficios sin aportes otorgados con la figura de pensiones no contributivas.
Los datos muestran que de cada dos beneficios previsionales que paga el sistema previsional, uno es otorgado con el requerimiento de hacer aportes y el otro no. En esta mezcla subyace un mecanismo de subsidio por el cual los beneficios otorgados sin aportes se financian con la falta de movilidad sufrida entre los años 2002 y 2006 por las personas que habían hecho aportes durante su vida activa. Es una situación tan injusta como ilegal. De allí, la proliferación de juicios que beneficia más a los gestores y a la corrupción que a los damnificados. La manera de detener este perverso proceso es extender el “fallo Badaro” a todos los jubilados en idéntica situación. Según estimaciones oficiales, esto demandaría unos $10 mil millones anuales adicionales.
Se trata de una cifra importante pero factible en el marco de un reordenamiento de la organización del sistema. La clave es reconocer a las personas que hicieron aportes el haber y la movilidad respetando la proporcionalidad con los esfuerzos realizados durante la vida activa. En paralelo, establecer un sistema de protección asistencial para quienes llegaron a la vejez sin aportes y en situación de vulnerabilidad. Para esto último, hay que replantear los actuales mecanismos de acceso a las jubilaciones sin aportes.