En el año 1974, sólo el 5% de los mayores de 20 años estaba unido en concubinato, mientras que en el año 2009 en esta situación se encuentra el 19% de las personas.
La discusión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo puso nuevamente en evidencia la falta de capacidad del sistema político para edificar consensos.
Desde la consultora IDESA señalaron que esta inmadurez es uno de los factores que explica la profunda desactualización de muchas instituciones. Paradójicamente, una de ellas es la del matrimonio.
Mientras cada vez menos parejas formalizan su relación, importantes derechos y obligaciones siguen reposando sobre esta institución. Algo parecido ocurre con las instituciones laborales que priorizan la figura del trabajo asalariado a tiempo completo y “de por vida”, cuando es un tipo de empleo en vías de extinción.
La sanción de la ley que posibilita a las personas del mismo sexo celebrar un matrimonio legal motivó una gran polarización de ideas.
Más allá del tema puntual, sin duda complejo y difícil, una cuestión más general e importante es que la falta de madurez del sistema político lleva a una continua y costosa mora en la actualización de las instituciones del país. Paradójicamente, un ejemplo concreto se da con la institución del matrimonio. Mientras importante derechos y obligaciones reposan en esta institución, las dinámicas sociales muestran que cada vez menos gente forma pareja cumplimentando las formalidades que fija la legislación. Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, para los años 1974 y 2009, referidos a Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, permiten observar el siguiente fenómeno:
· En el año 1974, el 65% de las personas mayores de 20 años de edad estaban unidas habiendo celebrado un matrimonio legal, mientras que en el año 2009 sólo el 41% estaba viviendo en pareja habiendo cumplido con las formalidades.
· En el año 1974, el 30% de los mayores de 20 años declaraba estar sin pareja (soltero, separado o viudo), mientras que en el año 2009 el 40% está sin conformar pareja.
· En el año 1974, sólo el 5% de los mayores de 20 años estaba unido en concubinato, mientras que en el año 2009 en esta situación se encuentra el 19% de las personas.
La información oficial muestra una importante disminución de las personas que viven con la pareja con la cual celebraron el matrimonio. Sin embargo, el dato más notable es la fuerte caída en la proporción de personas que, cuando deciden vivir en pareja, formalizan la relación con el matrimonio. Mientras que hace 35 años sólo una minoría vivía en concubinato, en la actualidad prácticamente 1 de cada 3 personas en pareja no formaliza su relación a través del matrimonio.
Según las leyes vigentes, muchos e importantes derecho y obligaciones reposan sobre la figura del matrimonio legalmente constituido. En la medida en que estas normas no se adecuan a la dinámica social, la cual muestra un uso cada vez menos frecuente del matrimonio, se generan costos, conflictos e injusticias. Por ejemplo, las normas previsionales cobijan el derecho del conviviente a obtener la pensión en análogas condiciones que el cónyuge. Sin embargo, al ser una situación de informalidad el ejercicio de este derecho queda condicionado o se cercena ante la discrecionalidad del funcionario público que tiene la potestad de definir la validez de las pruebas que avalarían la existencia de la convivencia.
Una situación análoga se da con las instituciones laborales. Con mucha miopía respecto a las dinámicas tecnológicas y comerciales –que señalan una alta volatilidad, rotación y diversidad de los empleos– en la legislación laboral y de la seguridad social se mantiene, y en muchos casos se intensifican, los mecanismos de protección social centrados en la figura del trabajo asalariado a tiempo completo y “de por vida”. Empecinarse en mantener esquemas regulatorios que tuvieron lógica en realidades de hace algunas décadas, pero colisiona con la realidad actual, genera pérdidas de competitividad y fundamentalmente grandes costos sociales. Se trata de otro ejemplo donde la falta de debate racional impide generar consensos para la modernización de instituciones que ayuden al crecimiento y la equidad.
Los cimientos sobre los que se edifica el progreso son instituciones modernas que se adapten a las dinámicas culturales, demográficas, económicas y tecnológicas. Para ello es clave el estudio, la creatividad y el debate fundado y respetuoso.
Fuente: IDESA